Efectivos de la Fiscalía Anticorrupción de Perú estuvieron cerca de 16 horas en la Casa de Gobierno, en un procedimiento que terminó con la incautación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de tres días de agosto, parte de la investigación sobre la conducta de Yénifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

El operativo comenzó ayer pero recién terminó hoy y apuntó a comprobar, a través de las grabaciones, si la hermana de la primera dama estaba en la residencia presidencial el día que se dispuso su detención preliminar.

"En cumplimiento de una disposición del Poder Judicial, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder realiza una diligencia en Palacio de Gobierno para incautar filmaciones, videos y grabaciones de las cámaras de seguridad", había detallado ayer la Fiscalía de Perú, en un mensaje en Twitter, cuando el operativo recién comenzaba.

Un documento judicial citado por la agencia Europa Press detalla las franjas horarias en las que “se pierde” información de tres cámaras, que recién vuelven a funcionar el 15 de agosto.

La justicia peruana ordenó la detención de la cuñada de Castillo después de que la Fiscalía abriera una investigación en su contra por el supuesto delitos de tráfico de influencias.

Sin embargo, en el momento del allanamiento, el equipo de la Fiscalía Anticorrupción no encontró a Paredes, que días más tarde se entregó voluntariamente.

La hermana de la primera dama peruana está siendo investigada después de que se difundiera un video en el que se la observa presuntamente ofreciendo una obra de saneamiento a los pobladores de la comunidad de la Succha. Ahora cumple 30 meses de prisión preventiva.

Según el sitio del diario La República, el procedimiento en el Palacio de Gobierno duró casi 16 horas.

El diario señala que la Dirección General de Inteligencia (Digimin) que apoya al Equipo Especial que lidera la fiscal Marita Barreto tenía el dato de que Paredes estaba en la Casa de Gobierno tras regresar, el 5 de agosto, de Cajamarca, pero cuando se decidió su detención no fue encontrada en la sede, lo que hizo crecer las sospechas de un encubrimiento por parte de Castillo.

El abogado del presidente, Benji Espinoza, indicó que aunque el trámite se desarrolló con normalidad, presentará un recurso de casación a la Corte Suprema.

“Las diligencias se han desarrollado sin ningún inconveniente. En la resolución judicial son dos jueces que han autorizado el allanamiento a la sede de Palacio y residencia presidencial, pero ha habido un juez (Iván Quispe) que votó en contra porque señala que no es un juez competente al conformar una sala de segunda instancia y dice que no puede autorizar una medida contra el presidente ni contra Palacio de Gobierno”, afirmó Espinoza.

El recurso buscará “determinar si la decisión de los jueces fue apegada al derecho o no”, detalló. (Télam)