El fiscal general del Líbano anunció hoy que decidió procesar al juez encargado de investigar la explosión ocurrida en el puerto de Beirut en 2020, un día después de haber sido inculpado por dicho magistrado de "homicidio, incendio criminal y sabotaje".

Tras una pausa de 13 meses, el juez Tarek Bitar reanudó el pasado lunes su investigación sobre el letal estallido, que causó más de 215 muertes y arrasó barrios enteros de la capital libanesa, pese a las presiones políticas.

Bitar decidió ayer inculpar a varias personalidades de alto rango, entre ellas el fiscal general de la Corte de Casación, Ghassan Oueidate, y dos altos responsables del aparato de seguridad por el incidente, que dejó también 6.500 heridos y agravó tensiones sociales y políticas en el país árabe de Medio Oriente.

Sin embargo, Ouedidate informó este miércoles que ahora es el magistrado quien se ve acusado de "rebelión contra la justicia" y de "usurpación de poder", según la agencia de noticias AFP, a la que le hizo declaraciones.

Bitar, además, tiene prohibido salir del país, agregó el fiscal general de la Corte de Casación, quien ordenó también liberar a las 17 personas detenidas sin juicio desde la explosión, entre ellas, un ciudadano estadounidense y los directores de las aduanas y del puerto de Beirut.

El magistrado deberá comparecer mañana por la mañana, según un responsable judicial que pidió el anonimato.

La enorme explosión del 4 de agosto de 2020 fue provocada por el almacenamiento sin precauciones de cientos de toneladas de nitrato de amonio en un almacén del puerto de Beirut.

El estallido agravó el caos en el país, inmerso en la peor crisis económica de su historia, marcada por apagones, inflación descontrolada y un desánimo generalizado.

Más tarde se supo que la sustancia química se envió al Líbano en 2013 y se almacenó de manera incorrecta en el almacén.

Un puñado de altos funcionarios políticos y de seguridad sabían de su presencia y la amenaza que representaba para la ciudad, pero no tomaron medidas para eliminarla.

Una parte importante de los libaneses atribuye la explosión a la negligencia y la corrupción de la clase política, acusada también por las familias de las víctimas de torpedear la investigación para evitar inculpaciones ante la justicia.

En los últimos meses, las autoridades libanesas quisieron boicotear los avances del juez Bitar, tratando de nombrar en su lugar a otro juez afín, mientras varios responsables políticos que debían ser interrogados en el marco de la instrucción le iniciaron demandas judiciales.

Bitar también se vio confrontado a una campaña en su contra del partido islamista Hezbollah, que forma parte del Gobierno del Líbano y tiene una poderosa milicia.

El diario Al Akhbar, cercano a Hezbollah, tituló ayer que el magistrado "se ha vuelto loco", y lo acusó de actuar "en base a órdenes de Estados Unidos y con apoyo judicial europeo".

Bitar se había reunido la semana pasada con dos jueces franceses, que viajaron a Beirut en el marco de una investigación abierta en Francia, ya que entre las víctimas había ciudadanos de este país.

El malestar popular fue creciendo durante los últimos meses debido al bloqueo de las investigaciones y los retrasos en la retirada de la inmunidad de los exministros y parlamentarios a los que el juez citó a declarar en el marco de las investigaciones. (Télam)