Firmes en las calles, los estudiantes colombianos dan pelea y denuncian represion y censura

"No cesó la horrible noche. La censuraron". La frase, replicada en carteles caseros en las principales ciudades de Colombia, se convirtió en uno de los slogans más repetidos por los estudiantes en estos días frente al intento de medios y autoridades de dar vuelta la página a la crisis, pese a que las protestas masivas no cesan y, según denuncian cada vez con menos eco, la represión y los abusos policiales tampoco.
Las imágenes de represión con balas de plomo, con blindados, lanzagranadas y las golpizas a manifestantes a plena luz del día en medio de las grandes ciudades que dejaron más de 40 muertos, cientos de heridos y desaparecidos y tanto impactaron a la sociedad colombiana y al mundo entero en la primera semana de protestas ya no se ven en los medios.
Pero eso no significa que no suceda más. Ahora el miedo a la violencia institucional se trasladó a urbes más pequeñas o barrios más alejados, cuando cae la tarde y los únicos que quedan en las calles son los más jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios.
"La marcha nacional del miércoles fue al inicio pacífica, muy multitudinaria. Pero entrada la tarde comenzaron los casos de violencia policial: Medellín, Valle del Cauca, Popayán, Bucaramanga, Pasto", contó a Télam Claudia Castrillón, una representante estudiantil de 26 años que milita en organizaciones feministas y de derechos humanos en Popayán, la capital del departamento de Cauca, que se volvió uno de los epicentros de la movilización tras el suicidio de una adolescente que, denunciaron, había sido abusada por la policía tras ser detenida.
"En Medellín, la Policía y el Esmad (cuerpo antidisturbios) atacó un espacio especialmente habilitado para heridos y enfermos donde estaban las brigadas de salud; en Popayán, nos reprimieron con gases al lado de un hospital donde hay heridos de protestas anteriores y pacientes de Covid. En Pasto, compañeros denunciaron detenciones ilegales y siguen buscando a unos 50 desaparecidos", relató la joven.
Desde la misma ciudad, otro representante estudiantil, Leonardo Victoria Peña, describió el mismo clima de tensión, miedo y violencia.
"La represión de la Policía y la Esmad ya es una cosa desmedida. Yo soy de los que acompaña porque sé que después de las 5 de la tarde toca irse a la casa porque el contexto cambia, tu vida corre peligro. Pero hay chicos que están en la primera línea y pelean y pelean", contó a Télam el joven comerciante de 37 años, que realiza una especialización en Alta Gerencia en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Cauca, un centro privado que este año, por primera vez en su historia, se plegó a un paro junto a las instituciones públicas.
Victoria Peña recordó que en el primer cacerolazo, al inicio de las protestas, salió con toda su familia, algo también inusual.
"Ese día hubo paro y el Esmad estuvo persiguiendo a los manifestantes. Enfrente de casa cogieron a unos chicos de 20 o 22 años y les dieron de golpes. A mi madre ver eso le generó impotencia y rabia y la sorprendió porque son cosas que no se han visto antes en los barrios", afirmó.
Desde Medellín, otra representante estudiantil también destacó como las políticas económicas del Gobierno en plena crisis por la pandemia y, principalmente, la represión masiva contra los manifestantes amplió la base de apoyo del paro.
"Esto no pasaba desde el 77 y lo que se ha visto es que la gente que era sumamente apática a las cuestiones políticas, que nos llamaban mamertos, están teniendo afinidad y conciencia con las cuestiones sociales", relató la joven de 27 años.
Tiene miedo y pide no dar su nombre, es una de las manifestantes que están en la primera línea y pelean y pelean, como describió Victoria Peña.
"Todos los días hay movilizaciones. Día y noche, y en todo el territorio nacional. Sin embargo, en los medios lo empiezan a censurar y lo empiezan a hacer ver como si la movilización estuviera bajando cuando nosotros continuamos en una lucha constante", relató.
Como ejemplo, destacó uno de los reclamos que más se repiten en las calles pero no está incluido en el pliego de demandas que impulsa el Comité Nacional del Paro, una plataforma que nuclea a centrales sindicales, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, feministas y del resto de la sociedad civil.
"Este documento dice que se rechaza la violencia sexual como un método de contención de la protesta social y eso es como tener una bandera de lucha que es una cáscara sin contenido, que no soluciona el problema. Estamos pidiendo por favor que saquen a las fuerzas policiales de la justicia penal militar y que pase a la justicia pública porque es una fuerza civil, que se juzgue a la cúpula militar por los desmanes y por el terrorismo de Estado cometido en el marco de la protesta", reclamó.
Cristian Serna tiene 23 años, es secretario general de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y es parte del Comité Nacional del Paro.
En diálogo con Télam explicó que el reclamo de verdad y justicia por los muertos, heridos y abusados en esta represión no está en el pliego nacional de emergencia que se impulsa desde el año pasado, pero sí en la mesa de garantías para las protestas que impusieron al Gobierno como precondición para empezar a negociar y que el presidente Iván Duque instaló por decreto ayer.
"Pedimos garantías para las protestas y para la mesa de negociación, que se rectifique la estigmatización de las protestas pacíficas, que no se declaren figuras como la conmoción interior, que se instalen protocolos y no se usen la violencia sexual como forma de contención social, y exigimos que se asumieran investigaciones desde la procuraduría y la defensoría del pueblo", detalló.
Por ahora, sin embargo, el Gobierno de Duque no reconoció los abusos policiales durante la represión -como ya se lo pidieron dos de sus antecesores-, ordenó un "despliegue máximo" de las fuerzas de seguridad que hasta un par de gobernadores rechazaron, y no contradijo al Fiscal General Francisco Barbosa o a su ministro de Defensa, Diego Molano, quienes calificaron como delincuentes a varios reconocidos líderes sociales de Cauca, sobre los que hoy aún pesa una recompensa. (Télam)