La Federación Nacional Campesina (FNC) de Paraguay rechazó hoy un proyecto de ley oficialista que busca modificar el Código Penal para que las ocupaciones de tierras dejen de ser delito para ser consideradas crímenes, de modo de agravar las penas.

La iniciativa de un senador del gobernante Partido Colorado puede ser discutida en el Congreso la semana próxima y apunta a que la pena por las ocupaciones ya no sean saldadas con las llamadas “medidas alternativas”.

"Condenamos y repudiamos esta nueva intención para convertir en crimen la lucha por la tierra, planteada por personeros de la oligarquía reaccionaria y retardataria como Enrique Riera y Fidel Zavala, entre otros, quienes permanentemente instan a la violencia del Estado contra el pueblo en defensa de las tierras malhabidas (latifundio) y la agroexportación, en detrimento del desarrollo nacional", denunció la FNC.

Zavala es un empresario ganadero, senador del partido Patria Querida, acusado de ocupar ilegalmente tierras de un parque nacional, y Riera fue intendente de Asunción, diputado y es ahora también senador por el oficialismo colorado.

Junto con otros seis congresistas, los dos legisladores son firmantes de la iniciativa, que apunta a modificar el artículo 142 del Código Penal.

Para la FNC, la represión, los desalojos, el encarcelamiento y la persecución a las comunidades indígenas y campesinas "definitivamente no son el camino para lograr el desarrollo del Paraguay".

La organización, además, sostuvo que la lucha por la tierra y por la reforma agraria es el "único camino que conducirá a la transformación de esta realidad de pobreza, de migración, entre otras consecuencias que sufre el pueblo día a día".

El proyecto de ley oficialista fue presentado casi como contracara de otra iniciativa que proponía justamente lo contrario: despenalizar la ocupación de tierras. Esta propuesta fue del senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP).

Los campesinos reclamaron un gran debate sobre la problemática de la tierra y que se generen las condiciones para recuperar las llamadas "tierras malhabidas", resultado de “la corrupción más grande de la historia del país".

Un estudio de la Comisión de la Verdad que investigó delitos durante la dictadura de Alfredo Stroessner concluyó que el 37% de las tierras arables del país habían sido entregadas irregularmente y que entre los beneficiarios se contaron militares, legisladores y empresarios.

La ley actual pena con dos años de cárcel o multa a quienes, individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular, ingresen con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno y se instalen.

"Hoy eso se llama delito y la propuesta que hacemos nosotros es pasar la pena a seis años en algunos casos y, cuando hay violencia y otros elementos más, hasta 10 años. Al pasar de cinco años se llama crimen y no son posibles las medidas alternativas", explicó Riera al diario Última Hora para defender el proyecto de ley.

Para el legislador colorado, de esa manera se busca evitar “una práctica que se está haciendo muy común" y desalentar las invasiones, atento a que “el respeto a la propiedad privada es la garantía de la paz social en el campo”. (Télam)