El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien se encuentra en Estados Unidos, dijo que no atenderá el pedido de retorno al país votado esta semana por el pleno de la Asamblea (Parlamento) y criticó la resolución por carecer de "argumentos jurídicos".

La petición, presentada por el diputado correista Fausto Jarrín, pide al expresidente que regrese al país cuando se cumplan los 90 días desde su salida para responder a una serie de procesos de investigación, informó el diario ecuatoriano El Comercio.

Moreno, quien se encuentra en la ciudad estadounidense de Miami, respondió que está fuera del país por motivos "personales y académicos", entre ellos sus funciones como profesor invitado en una universidad de esa ciudad.

"Recibo con mucha sorpresa la resolución del Pleno de la Asamblea, carente de cualquier ordenamiento jurídico, en la que resuelven el vencimiento del plazo para ausentarme del país y solicitan mi retorno inmediato", expresó el expresidente, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Agregó que la resolución, "sin argumentación jurídica", no hace más que "perjudicar la gestión de la función Legislativa".

El exjefe de Estado, además, ya había sido convocado por la Comisión de Fiscalización, para responder presencial o telemáticamente sobre el caso de cuentas offshore INA Papers, pero se negó a acudir argumentando que la convocatoria es inconstitucional e ilegal y que no estaba obligado a asistir.

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Según el contralor subrogante, Carlos Riofrío, en este momento no es necesaria la presencia de Moreno en el país.

“Se le puede notificar el inicio de las acciones de control en cualquier lugar donde esté, tenemos registrado un correo electrónico y el proceso se inicia ahí. Si posteriormente se necesita, pues se lo solicitará”, indicó.

Por otro lado, Moreno informó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, le pidió su colaboración en el área de Asuntos de Discapacidad del organismo, un encargo que requerirá de su "participación activa".

Por estas razones, avisó que sus funciones fuera del país "se extenderán por el tiempo que dure el encargo de la OEA", cumpliendo con lo establecido en un artículo de la Constitución ecuatoriana que dispone que el presidente del país, "durante su mandato y hasta un año después de haber cesado de sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional con antelación a su salida el periodo y las razones de su ausencia del país".

Según analistas ecuatorianos citados por El Comercio, la resolución de la Asamblea Nacional no tendrá ningún efecto jurídico.

Para Juan Francisco Camino, docente de la Universidad de los Hemisferios, la resolución no tiene peso jurídico porque son declaraciones políticas. Y considera que no tendrá ningún tipo de efecto, incluso político.

Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, coincide en que el efecto es nulo. Las resoluciones “en temas como este son un saludo a la bandera, (…) no tiene fuerza coercitiva”, expresó.

Agregó que la Asamblea actuó de manera irresponsable al dedicar tiempo para discutir y votar en el pleno sobre este tema, en lugar de debatir asuntos de interés nacional.

Para la politóloga Madeleine Molina, en cambio, el viaje de Moreno “ya se puede interpretar como una excusa que tomó para salir del país y no rendir cuentas”.

En ese sentido, los tres analistas coincidieron en que esa resolución no hará que Moreno regrese a Ecuador. (Télam)