Exmilitares reclaman un pago extra por haber participado del conflicto armado en Guatemala

Exintegrantes de las fuerzas militares de Guatemala acordaron hoy con la conducción del Congreso esperar el proceso legislativo que requiere el pago de un bono extra que reclaman por haber participado del conflicto interno que atravesó el país entre 1960 y 1996.
La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avelmigua) había anunciado tres días de protestas desde hoy y ya había bloqueado 14 rutas e instalado a manifestantes frente al Congreso, a la espera de esa reunión.
Pero en el encuentro se fueron conformes con la respuesta de los legisladores, por lo que decidieron suspender las protestas y hacer un seguimiento de la llamada iniciativa 5664.
"Se ha llegado un acuerdo para darle seguimiento a la iniciativa 5664. Ellos han adoptado compromisos con nosotros y nosotros vamos a girar las instrucciones para que toda la gente se regrese a sus lugares", señaló Morán Flores, director de la Federación Nacional de Veteranos Militares.
Insistió Flores en que los militares van a “seguir el proceso que el organismo legislativo va a llevar y a respetarlo", según el sitio Soy502.
El llamado “bono de guerra” consiste en cuatro pagos de 30 mil quetzales (3.900 dólares), que suman 120 mil quetzales (15.555 dólares), para cada veterano militar o para sus familias, en caso de que hayan fallecido.
La propuesta fue enviada a las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso para que emitan un dictamen conjunto y posteriormente el proyecto llegue al recinto.
La iniciativa es del exdiputado Estuardo Galdámez (que está preso y en juicio) para que se les pague un "Bono Patriótico" por haber intervenido en el conflicto interno, reseñó el sitio de Prensa Libre.
Guatemala vivió durante 36 años un conflicto armado interno que enfrentó a varias organizaciones guerrilleras con las Fuerzas Armadas y policiales, durante las cuales se perpetraron masacres e innumerables violaciones a los derechos humanos.
Dentro de ese período, hubo de extrema violencia militar, entre 1978 y 1983, denominado “el quinquenio negro” del conflicto civil.
El enfrentamiento finalizó el 29 de diciembre de 1996, durante la presidencia de Álvaro Arzú con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Como saldo de ese oscuro período, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -nombrada por las Naciones Unidas- estimó que hubo 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, y cerca de 100.000 desplazados.
Una ley de 1996 incluyó una amnistía para los delitos políticos, pero no para los responsables de masacres, secuestros o violaciones, consideradas delitos de lesa humanidad, por los que fueron condenados 42 militares y un ex guerrillero.
Mientras tanto, otras 4.000 personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado y 87 ex guerrilleros están sujetas aún a procesos judiciales. (Télam)