Stella Assange, esposa del fundador de WikiLeaks Julian Assange, pidió hoy al gobierno británico no firmar el decreto de extradición a Estados Unidos, considerando que su destino depende ahora de una "decisión política" que "tendrá repercusiones para todo Europa".

El miércoles, la Justicia británica dio oficialmente luz verde a la entrega del australiano de 50 años a la justicia estadounidense, pero corresponde a la ministra del Interior Priti Patel firmar el decreto de extradición.

Estados Unidos quiere juzgar al fundador de WikiLeaks por la difusión, a partir de 2010, de documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

"Tenemos cuatro semanas para transmitir nuestras observaciones a Priti Patel antes de que tome su decisión", señaló la esposa de Assange en entrevista con AFP al margen de una manifestación de apoyo a su marido en Bruselas.

"Si firma el decreto podremos apelar sobre las cuestiones de fondo que aún no han sido objeto de apelación, como la libertad de prensa o la motivación política de los juicios", agregó.

"Los motivos de apelación en el Reino Unido son muy limitados, ya que el tratado de extradición se inclina fuertemente en favor de Estados Unidos, sin permitir el examen de las alegaciones estadounidenses. Iremos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si es necesario", añadió.

"Se trata de un problema europeo, en el que está en juego el corazón de los valores democráticos. Lo que se decida tendrá repercusiones para todo el mundo, para los periodistas, en todo Europa", insistió.

Agregó que se abre "una ventana" para sensibilizar las opiniones y hacer valer en Londres "argumentos políticos".

Julian Assange fue arrestado en 2019 después de pasar más de siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Desde entonces está detenido en una prisión de máxima seguridad cerca de Londres, donde contrajo matrimonio el mes pasado.

Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano no es periodista sino pirata informático y que puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos sin editar. (Télam)