El gobierno de España presentó hoy la versión final de un proyecto de ley que busca sacar de las fosas comunes a miles de víctimas de la dictadura franquista, con el fin de "saldar una deuda histórica".

Más de 100.000 víctimas de la Guerra Civil (1936-39) se encuentran todavía desaparecidas, según las estimaciones de historiadores y asociaciones de familiares.

El proyecto de ley de "memoria democrática" -cuya versión preliminar ya había sido presentada en septiembre de 2020- debe ser validado ahora por el Congreso.

"Hoy España salda una deuda histórica con su pasado", valoró el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter.

Es "una ley muy necesaria que nos hace mejores como país", sostuvo.

La inicitiva prevé el uso de fondos públicos para buscar a los desaparecidos, la elaboración de un mapa de todas las fosas comunes y la creación de un banco de ADN de las víctimas para facilitar su identificación.

Las condenas a los republicanos españoles decididas por la justicia del régimen franquista también serán anuladas, según el texto, que contempla la creación de una fiscalía dedicada a investigar las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura del general Francisco Franco.

Hasta ahora, los múltiples intentos para investigar judicialmente esos hechos se toparon con una ley de amnistía aprobada en 1977, durante la transición a la democracia, que decretaba la prescripción de los crímenes anteriores.

Madrid, que ya había adoptado en 2007 una Ley de Memoria Histórica, quería ir más lejos para estar en sintonía con el "resto de países de nuestro entorno que hayan sufrido dictaduras", subrayó el ministro de Memoria Democrática, Félix Bolaños, según la agencia de noticias AFP.

"Con esta ley conseguimos que España sea un país más digno porque atiende a las víctimas, y mas humanitario porque no se olvida de personas que perdieron su vida luchando contra una dictadura", indicó Bolaños en conferencia de prensa.

Desde hace varios años, diversas asociaciones juzgaban insuficiente el trabajo de memoria emprendido por España, como lo hizo un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014.

El documento criticó que la responsabilidad de las exhumaciones fuera delegada a familiares y asociaciones, alimentando "la indiferencia de las instituciones estatales".

En 2019, el gobierno exhumó los restos de Franco de su mausoleo en el Valle de los Caídos, cerca de Madrid, para transferirlo a un cementerio en el norte de la capital.

Más de 45 años después de la muerte del dictador, las heridas del régimen siguen todavía abiertas en España, donde la derecha acusa a la izquierda de querer reavivar la división del pasado. Los conservadores prometieron derogar esta ley en caso de regresar al poder. (Télam)