Tras nueve meses de duras negociaciones con sindicatos y empresarios, el Gobierno de España aprobó este martes una ambiciosa reforma laboral destinada a acabar con los contratos precarios y la inestabilidad en el empleo.

Se trata de un "acuerdo histórico", en palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya que es la primera vez que el Gobierno consigue impulsar cambios tan significativos en la legislación laboral con el consenso de los agentes sociales.

En los últimos 40 años hubo otras reformas, pero muchas fueron de menor calado y las más profundas fracasaron a la hora de obtener el apoyo de los agentes sociales.

La última, aprobada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy en 2012, se elaboró en plena crisis financiera y contribuyó a la creación de trabajo, aunque también abarató y facilitó los despidos, perpetuando la precariedad y el abuso de los contratos eventuales.

En 2020, según Eurostat -la oficina estadística de la Comisión Europea-, el 20% de los empleados en España tenía un contrato con fecha de caducidad, la mayor proporción entre los países de la UE.

El bloque le dio a España hasta fin de este año para pactar una reforma orientada a superar este mal endémico y con amplio apoyo social, como condición para desbloquear una nueva partida de los fondos europeos a mediados de 2022.

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"Con esta reforma pasamos página a la precariedad en España", afirmó hoy Díaz en rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros que dio luz verde al decreto ley que entrará en vigencia mañana.

El acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales modifica varios aspectos de la reforma de 2012 para "recuperar los derechos de los trabajadores", según la responsable de Trabajo, citada por la agencia de noticias Sputnik.

Uno de los principales cambios es que el contrato de trabajo habitual sea el indefinido y los temporales se limiten a causas muy específicas, principalmente sustituciones o circunstancias de la producción.

Además, aquellos trabajadores que hayan encadenado contratos durante 18 meses pasarán a ser indefinidos cuando alcancen un periodo de 24 meses.

Los tipos de contrato se reducen a tres (indefinido, temporal y de formación), eliminando el de obra y servicio, uno de los más utilizados y principal método de contratación fraudulenta; mientras que en sectores estacionales como el turismo se potenciará la estabilidad del fijo-discontinuo, una modalidad del indefinido.

Otra novedad es que, si hasta ahora las empresas eran sancionadas en conjunto por infracciones en la contratación, con la nueva norma se expondrán a sanciones de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado.

Respondiendo a las demandas de los sindicatos, la reforma incide en la negociación colectiva, eliminando el plazo de un año para negociar un convenio -lo que se conoce como ultraactividad- y primando los convenios sectoriales a los de empresa en cuanto a salarios.

Aunque el texto no toca los despidos, sí otorga protagonismo al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, similar a los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal) tan utilizados durante la pandemia.

Estos mecanismos contemplan beneficios fiscales para las empresas que en tiempos de crisis mantengan a sus empleados, que recibirán una prestación para compensar la suspensión o reducción de su actividad.

Superada la negociación social, la reforma laboral entra en el plano político donde deberá recabar los apoyos suficientes para su convalidación parlamentaria.

No será fácil, ya que algunos grupos del Congreso de los Diputados se oponen de entrada y la CEOE alertó que los empresarios no aceptarán "ni una coma" de cambios en el texto.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo aseguró que la voluntad es mantener la norma tal como se redactó y se mostró optimista sobre las futuras negociaciones, prometiendo un diálogo que se dirigirá con "atención y cariño" a los principales socios del Gobierno. (Télam)