La elección de un nuevo presidente por parte de un Senado diezmado y la decisión de la ONU de no enviar tropas, pese al pedido de las autoridades, parecen complejizar la situación de Haití, un país todavía conmocionado por el asesinato de su mandatario Jovenel Moïse y enmarañado en disputas internas.

El Senado, que tiene apenas 10 de sus 30 integrantes originales, eligió como presidente interino a Joseph Lambert, ante el vacío institucional que dejó la muerte de Moïse esta semana y mientras el primer ministro saliente y el designado apenas dos días antes del magnicidio se disputan el control.

"Joseph Lambert, elegido por el pueblo como senador de la República y por sus pares presidente del Senado, es elegido para cumplir la función de presidente provisional de la República de Haití hasta la entrada en funciones del nuevo Parlamento, el segundo lunes de enero de 2022”, resolvió el Senado.

El texto adelantó que “al tomar el juramento, el presidente provisional será instalado de inmediato en sus funciones en el palacio nacional” y dio por hecho que Lambert “entrará en consulta con los distintos sectores de la vida nacional con miras a formar un Gobierno de acuerdo nacional encargado de ejecutar políticas adaptadas al interín”, según publicó el sitio del diario El Nouvelliste.

La designación de Lambert es el resultado de un acuerdo de partidos bien opuestos entre sí, que también se pusieron de acuerdo en que el cargo de primer ministro es para Ariel Henry, que había sido nombrado por Moïse unos días antes de su asesinato.

Quien debe dejar su lugar, entonces, es Claude Joseph, hasta acá primer ministro, que a la muerte de Moïse había asumido tácitamente la jefatura de Estado.

Joseph había prometido mantener las elecciones presidenciales de septiembre, como exigió Estados Unidos, pero el entendimiento por el que fue elegido Lambert propone a Henry “organizar elecciones en un plazo no superior a 12 meses” y hasta arriesga el 7 de julio de 2022 como fecha de asunción de un nuevo jefe de Estado surgido de las urnas.

Lambert, dos veces presidente del Senado, era aliado del oficialista partido PHTK, hasta que rompió con Moïse.

En medio de estas pulseadas políticas, el Gobierno de Joseph había pedido ayer a Estados Unidos y a la ONU que envíen soldados al país para proteger sus puertos, el aeropuerto y otros sitios estratégicos ante temores de caos interno.

"Pensamos que los mercenarios (a los que se acusa del crimen) podrían destruir alguna infraestructura para crear caos en el país", dijo anoche el ministro de Gobierno, Mathias Pierre, que reveló haber hecho el pedido” durante una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos (Anthony Blinken) y la ONU”, según citó la agencia de noticias AFP.

El Departamento de Estado y el Pentágono confirmaron haber recibido una solicitud de "asistencia de seguridad e investigación" y dijeron estar en contacto con las autoridades del país caribeño, pero el pedido chocó con dos datos: por un lado, se necesita una resolución del Consejo de Seguridad para enviar un contingente; por el otro, el Consejo de Seguridad de la ONU no prevé volver a reunirse por el momento para abordar la situación en Haití, según le aseguró un vocero del organismo a la agencia de noticias Sputnik.

El pedido no dejaba de generar alguna inquietud en la población, que ya tuvo en el territorio, y por varios años, contingentes de cascos azules.

El Consejo de Seguridad autorizó por primera vez después del golpe de Estado de 2004 el despliegue de unos 7.000 miembros de fuerzas de mantenimiento de la paz.

En octubre de 2010, pocos meses después de que un catastrófico terremoto devastó Haití, el país declaró el primer brote de cólera en la historia moderna y, años después, quedó demostrado que la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas importó la enfermedad, aunque la ONU nunca lo confirmó oficialmente.

En 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió poner fin a la misión, dejando un legado controvertido de la presencia de las tropas.

Mientras se revive el debate sobre una misión internacional, las autoridades en Haití intentan determinar quién ordenó el ataque, supuestamente ejecutado por un escuadrón de 28 personas: 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano.

De ellas, 15 colombianos y dos estadounidenses fueron arrestados, tres colombianos murieron a manos de la policía y otros ocho permanecen prófugos, dijo la Policía haitiana.

Hay cierta discrepancia en los números con informes de otras fuentes oficiales.

Altos mandos del Ejército y la Policía de Colombia informaron que al menos 17 exmilitares colombianos están presuntamente implicados en el magnicidio.

Por su parte, Taiwán dijo que 11 sospechosos fueron detenidos en el complejo de la embajada taiwanesa en Puerto Príncipe cuando intentaban conseguir protección.

Varios altos cargos de la Policía, responsables directos de la seguridad del presidente haitiano, están en la cuerda floja y fueron citados a comparecer ante la Justicia, anunció el jueves el jefe de la fiscalía de Puerto Príncipe, Bed-Ford Claude.

En este contexto, Puerto Príncipe, la capital, busca lentamente retomar cierta normalidad, aún en medio de un estado de sitio, en donde se mezcla la tensión con quienes pueden procuran abastecerse de productos de primera necesidad en los supermercados o hacen fila en las estaciones de servicio para comprar el gas que utilizan para cocinar, en previsión de más días de inestabilidad.

Desde Miami, en tanto, Martine Moïse, viuda del asesinado presidente, atribuyó el ataque a "mercenarios", lo vinculó a la insistencia de Moïse de hacer un referendo para aprobar una nueva Constitución y apuntó contra la oposición, que "quieren asesinar el sueño" del exgobernante.

Según un audio atribuido a ella, publicado en su cuenta oficial de Twitter y cuya autenticidad confirmó un vocero del Ejecutivo, la exprimera dama denunció que “enviaron mercenarios” a matar a su esposo, aunque no dijo quiénes lo hicieron.

"Ustedes saben en contra de quién estaba luchando el presidente. Enviaron a mercenarios para asesinar al presidente en casa, con toda su familia, porque él quería rutas, agua, elecciones y el referendo al final del año. (Lo asesinaron) para que no haya transición en el país", denunció en el audio de 2,20 minutos, en un francés con acento creole de las Antillas. (Télam)