Un plenario de un sector del Partido Nacional de Uruguay se pronunció por defender la Ley de Urgente Consideración (LUC), que será puesta en debate en un referendo antes de fin de año, y que, según el secretario general de la Presidencia, “en pocos meses solucionó” cuestiones que hicieron sufrir a los uruguayos “durante años”.

“La LUC ya ha tenido efectos: es una ley que en pocos meses ya solucionó temas que nos hicieron sufrir durante años. Quizás el más importante sea la seguridad: 20% menos de homicidios, casi 12% menos de rapiñas, bajaron los hurtos y la violencia doméstica. Esto se logró protegiendo a la Policía, dándole más instrumentos jurídicos para actuar”, remarcó Delgado.

Hay 135 artículos de la Ley, central para la administración del presidente Luis Lacalle Pou, que son cuestionados por buena parte de la oposición, la central sindical PIT-CNT y varias organizaciones, que presentaron cerca de 800.000 firmas para qué sea sometida a un referendo.

Las autoridades electorales están en proceso de validar esas firmas, pero se estima que habrá consulta antes de fin de año y la coalición de Gobierno ya se prepara para defender la iniciativa.

Para Delgado, derogar los 135 artículos criticados significaría un retroceso, y “no debemos retroceder en esas cosas, y eso significa defender la ley, que es buena, necesaria y tuvo efectos positivos”, según publicó el sitio del diario La República.

El funcionario expresó su sorpresa por el aparente “olvido” de algunos dirigentes de que la LUC “en su gran mayoría se votó por unanimidad” y llamó la atención sobre el hecho de que el opositor Frente Amplio “votó algunos de esos 135 artículos que ahora impugna”.

Entre los puntos de la LUC más cuestionados por la Comisión están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", con la consecuente facultad para disolverlos.

En cuanto al Código Penal, la LUC amplía para los menores en edad imputable las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.

Además, dispone cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación. (Télam)