El principal grupo indigena de Ecuador rechaza la consulta popular propuesta por Lasso

El principal grupo indigena de Ecuador rechazo hoy por "irresponsable" la consulta popular propuesta ayer por el presidente Guillermo Lasso para el proximo año con el objetivo principal de implementar enmiendas a la Constitucion.

Mundo 13 de septiembre de 2022 Agencia Télam
El principal grupo indígena de Ecuador rechazó hoy por "irresponsable" la consulta popular propuesta ayer por el presidente Guillermo Lasso para el próximo año con el objetivo principal de implementar enmiendas a la Constitución.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, sostuvo que "el Gobierno no tiene legitimidad" para realizar esa consulta.
"Revisando las ocho preguntas, en términos ambientales, no resuelve nada", objetó Iza, quien considera que las cuestiones planteadas por el Ejecutivo están "vacías" de contenido".
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza, se sumó a las opiniones de Iza y consideró que las preguntas formuladas por Lasso "están fuera de lugar y son inoportunas".
Ecuador celebrará el próximo año un referendo sobre temas como seguridad, fortalecimiento de la democracia, involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha del crimen organizado y reducción del número de diputados en el Congreso, anunció ayer Lasso.
En un acto realizado en Quito, Lasso adelantó las ocho preguntas a las que deberá responder la población y que fueron entregadas a la Corte Constitucional para su validación.
Pero esta tarde, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que el mandatario agregará otras dos preguntas concernientes a temas de institucionalidad y de seguridad, sin dar más precisiones, informó el diario local El Comercio.
El próximo paso a dar por el mandatario conservador será presentar oficialmente el documento en el que se determinen los cambios a realizar en cada apartado de la Constitución.
La consulta "enfrentará problemas que Ecuador no ha podido resolver en el pasado; me refiero sobre todo a la seguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia", expuso el gobernante.
Lasso propuso permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en el manejo de la seguridad interna para combatir al crimen organizado y narcotráfico, que van en aumento.
También planteó la extradición de ecuatorianos implicados en delitos trasnacionales y que la Fiscalía se encargue de sancionar a funcionarios judiciales que incurran en faltas.
La Constitución señala a los militares como los encargados defender la soberanía territorial, pero no del orden interno.
Además, prohíbe la extradición de ecuatorianos y establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la disciplina dentro de la función judicial.
Enfrentado con el Legislativo, donde la oposición está dispersa, aunque es mayoría, el dignatario también planteó una reducción en la cantidad de diputados, de 137 "a un número cercano a 100".
"Reduciendo el número de asambleístas incrementaremos también el control, la vigilancia y la exigencia ciudadana sobre ellos", argumentó Lasso, quien en junio pasado sobrevivió a un pedido de destitución por parte del Congreso, en medio de accidentadas protestas contra el alto costo de vida.
Otras inquietudes apuntan a más controles a los partidos políticos y que se elimine la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana -creado en el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa- para designar autoridades.
En cuanto a ambiente, Lasso, que insistió en su plan de duplicar la producción petrolera, busca entregar compensaciones a quienes brinden servicios de protección de la naturaleza e incluir las zonas de protección hídrica dentro del sistema nacional de áreas protegidas.
Con estas ocho cuestiones, el Ejecutivo plantea una serie de posibles reformas constitucionales, recogió la agencia de noticias Europa Press.
En 2018, el expresidente Lenín Moreno (2017-21) convocó a una consulta popular que suprimió la reelección ilimitada aprobada durante el mandato de Rafael Correa (2007-17).
Este último también usó el recurso de la consulta para inhabilitar a políticos con capitales en paraísos fiscales, reformar la justicia y regular a la prensa. (Télam)
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