La Asamblea Nacional (parlamento) de Francia sancionó hoy la polémica Ley de Seguridad Global que busca proteger a los agentes de Policía y penaliza la difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad, y que provocó a fines del año pasado fuertes protestas de periodistas y organizaciones de derechos humanos.

Las críticas a la controvertida ley se centran especialmente en el artículo 24, que penaliza la difusión de imágenes de agentes del orden, lo que según sus detractores atenta contra la libertad de expresión.

Si bien el polémico texto fue reformulado, sus oponentes, entre ellos organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), ya anunciaron su intención de acudir al Consejo Constitucional, el máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes, para que se pronuncie sobre la norma y, llegado el caso, limite su alcance.

El proyecto de ley fue aprobado entre los diputados con 75 votos a favor y 33 en contra en una segunda y última lectura, según la agencia de noticias Europa Press.

El Senado ya había aprobado la medida la semana pasada.

Pese a la resistencia que provocó la iniciativa desde que fuera presentada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, el último trámite fue menos tumultuoso que los primeros debates legislativos, a fines del año pasado, que fueron acompañados de numerosas manifestaciones en todo el país a pesar de las restricciones por el coronavirus.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, celebró la aprobación de una norma que, dijo, supone "un avance inédito en el refuerzo del continuum de seguridad de nuestro país".

"Acojo con satisfacción la aprobación definitiva del proyecto de ley de seguridad preservando las libertades", manifestó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

En plena polémica sobre el proyecto se produjo el caso de Michel Zecler, un productor musical negro que sufrió una brutal paliza a manos de unos agentes en su propio estudio, situado en una zona acomodada de París.

El incidente fue recogido por una cámara de seguridad y por vecinos, y esas imágenes permitieron desmontar la versión policial inicial y dieron más argumentos a los que denunciaban el texto de la propuesta de ley.

Tras las protestas, motivadas también por lo que consideraban una violación de la libertad de expresión al hacer referencia a la ley de 1881 de libertad de prensa, Macron instó a su gabinete a revisar en profundidad el texto, aunque este no fue finalmente retirado, como pedían sus detractores.

La norma finalmente aprobada supone la creación de un nuevo delito en el código penal que prevé hasta cinco años de cárcel y una multa de 75.000 euros por toda "provocación a la identificación" de un miembro de las fuerzas de seguridad -policía nacional y municipal, gendarme o agente de aduanas- y sus parejas, hijos o allegados "con el objetivo manifiesto de menoscabar su integridad física o psíquica" en el ejercicio de sus funciones.

La nueva redacción elimina la mención explícita a la difusión de imágenes que había provocado la ira de los defensores de la libertad de expresión, aunque sus críticos consideran que lo impreciso del concepto "provocación a la identificación" podría causar más problemas aun. (Télam)