El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, afirmó que el operativo policial del sábado que ingresó a la fuerza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima, estaba justificado, a pesar de que hay acusaciones que afirman que no cumplió con los procedimientos legales.

"He pedido un informe pormenorizado de la intervención, pero sí ha estado justificada de acuerdo a ley", indicó ayer en una entrevista en la que matizó que si hay algún incumplimiento, se establecerán los responsables, informó la agencia de noticias Europa Press.

Romero explicó que el operativo tuvo lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención.

"Había flagrancia y estado de emergencia, cuando hay flagrancia interviene inmediatamente la Policía Nacional, cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía", señaló el titular de Interior.

El sábado pasado, cerca de 400 policías irrumpieron con tanquetas y apoyo de fuerzas especiales la universidad ubicada en la capital del país, sin cumplir con los pasos legales para esa intervención, según denunciaron los manifestantes.

Para ingresar, las fuerzas de seguridad rompieron la enorme reja con un vehículo antimotines y detuvieron a decenas de manifestantes y estudiantes que dormían desde hace varios días en el lugar.

El fiscal superior peruano Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, confirmó que fueron 205 las personas detenidas durante la intervención de la Policía en el recinto universitario, según recoge la emisora RPP.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) instó a "asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso" y recalcó que llevar a los detenidos "ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas".

Mediante un comunicado institucional, la UNMSM indicó que solicitaron la intervención policial por una denuncia de agresión contra la seguridad privada, por lo que se pedía la "liberación de las puertas tomadas".

"El sábado 21 de enero, la Policía Nacional de Perú, en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público.

Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes intervenidos", se lee en la misiva.

Abogados de la región Puno que llegaron al lugar denunciaron que no se permitió la presencia de los defensores.

El ministro, que señaló que la intervención fue motivada para "dar seguridad", destacó que durante la operación "no hubo ni un solo herido" por parte de los agentes de seguridad.

Según dijo la universidad en un comunicado, la Policía actuó "de oficio" porque los manifestantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves.

Durante la intervención la Policía detuvo a 193 personas, de las cuales 192 fueron liberadas ayer, informó la Fiscalía de la Nación en un comunicados. Los detenidos se encontraban en la sede de la Dirincri y Dircote.

El Ministerio Público precisó que una persona se quedó detenida debido a que tenía una requisitoria previa.

Miles de personas llegadas del interior marcharon el jueves y el viernes en Lima en protestas que en algunos casos derivaron en enfrentamientos cerca del Congreso, cuando la Policía les impidió avanzar con gases lacrimógenos y chorros de agua.

Para Romero, el trabajo de la Policía durante estos días de manifestaciones antigubernamentales en Perú ha sido "excepcional", al tiempo que ha opinado que la marcha multitudinaria de la semana pasada -conocida como Toma de Lima- fue un fracaso.

La represión policial frente a las protestas deja hasta el momento 46 muertos, 45 manifestantes y un policía, desde que estallaron en diciembre, tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.

Además, otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas.

El 7 de diciembre el Congreso destituyó a Castillo, horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.

Desde entonces y hasta el pasado viernes, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un total de 378 personas acusadas de causar disturbios, informó el ministro del Interior.

Durante una conferencia de prensa ofrecida a última hora del viernes, el titular del Ministerio estimó que hay al menos 3.700 manifestantes distribuidos en distintos puntos de la capital, participando en la denominada "Toma de Lima".

Tras la masiva manifestación del jueves en Lima, Boluarte descartó que vaya a presentar su renuncia e hizo un llamado al diálogo para devolver la calma al país

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso. (Télam)