El Grupo Internacional de Contacto (GIC) exigió hoy al gobierno de Venezuela que garantice los derechos y la seguridad de “todos los actores políticos” y que ponga en libertad a “todos los presos políticos”, un día después de que un exdiputado fuera arrestado y acusado de terrorismo y otros delitos.

“Los miembros del GIC emplazan al gobierno a garantizar los derechos civiles y políticos, la libertad y la seguridad de todos los actores políticos y la puesta en libertad de todos los presos políticos, incluidos los que se encuentran en situación de arresto domiciliario, así como el fin de la intimidación contra los actores políticos y la sociedad civil”, dijo el organismo en una declaración.

En el documento de nueve puntos, publicado en el sitio web de la Unión Europea (UE), el foro reiteró su “preocupación por la situación en Venezuela” y exhortó “a los actores políticos y a la sociedad civil para avanzar con urgencia y buena fe en la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país y que afecta a toda la región”.

Sostuvo que “la única salida de la crisis es la negociación política y establecer urgentemente un diálogo inclusivo dirigido por los propios venezolanos que conduzca a elecciones creíbles, libres y transparentes de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales”.

Asimismo, el GIC apoyó “el establecimiento de una oficina permanente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela” y llamó a “la unidad de las fuerzas democráticas de la oposición”.

El GIC emitió su declaración un día después de que el exdiputado opositor Freddy Guevara fuera capturado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y acusado por el Ministerio Público de terrorismo, traición a la patria y otros delitos.

También ayer, el líder opositor Juan Guaidó denunció que hombres armados, aparentemente policías, quisieron secuestrarlo en el estacionamiento del edificio donde vive, en Caracas, donde golpearon a su chofer y “activaron explosivos”.

En ese contexto, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y una de las principales figuras del chavismo, Jorge Rodríguez, exhibió hoy supuestas “pruebas” de vínculos entre bandas criminales y dirigentes de Voluntad Popular (VP, el partido de Guaidó y Guevara), y pidió el arresto de otros cuatro de estos.

En Venezuela había hasta el lunes 299 opositores presos (entre ellos, 22 mujeres, un adolescente y 129 militares), según el último balance de la ONG especializada Foro Penal, publicado ese día.

Guevara es uno de los dirigentes opositores que el viernes pasado se reunieron con los miembros de la misión técnica de la UE que viajó a Caracas con el objeto de verificar si se cumplen condiciones aceptables para enviar observadores a las elecciones regionales de noviembre próximo.

La detención de Guevara y las acusaciones de Rodríguez tuvieron lugar en medio de las negociaciones que el oficialismo y la oposición llevan adelante con el fin de hallar una salida a la prolongada crisis institucional y humanitaria del país, y que incluyen precisamente la búsqueda de acuerdos acerca de los procesos electorales.

El GIC fue creado por iniciativa de la UE en febrero de 2019, poco después de que la AN, que estaba controlada por la oposición, designara a su entonces presidente, Guaidó, como mandatario interino de la república tras desconocer la reelección de Nicolás Maduro por entender que surgió de comicios irregulares.

Entonces, el GIC apareció como una alternativa más dispuesta a incluir al chavismo en la búsqueda de una salida a la crisis institucional venezolana, en contraste con el Grupo de Lima -fundado en 2017-, más cercano a la oposición de Caracas aunque opuesto expresamente a la eventualidad de una invasión armada, cosa que en aquel momento no descartaban ni los adversarios internos de Maduro ni Estados Unidos.

La Argentina se sumó al GIC en septiembre de 2020. (Télam)