El grupo de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llegó hoy a Perú con el objetivo de "escuchar a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial", afirmó su vocero, el excanciller paraguayo Eladio Loizaga.

El representante de la secretaría general de la OEA sostuvo que se "reunirán con todos", en breves declaraciones a su arribo al aeropuerto de El Callao, vecino a Lima, informó el diario local La República.

La misión de la OEA analizará la crisis política en Perú, que se encuentra en una situación compleja: el Congreso busca deshacerse del presidente Pedro Castillo, mientras que éste, a su vez, parece lanzar unos primeros intentos para deshacerse de ese Parlamento que le hizo la vida imposible.

Previamente, en un video publicado en el Twitter de la OEA, Loizaga había afirmado que escucharían "a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en varias de sus representaciones, al Gobierno y a la oposición, a representantes religiosos, sindicales, empresariales, profesionales y a la sociedad civil".

Según él, el grupo, que permanecerá en el país hasta el 23 de noviembre, no tendrá la oportunidad de escuchar a todos pero habilitará "los canales adecuados" para que aquellos a los que no pueda ver personalmente "puedan remitir sus puntos de vista por escrito".

El grupo "trae un fuerte mandato" porque la resolución por la que se creó fue aprobada por unanimidad y está amparada por la Carta Democrática Interamericana, dijo, informó la agencia de noticias AFP.

El grupo de alto nivel llevará a cabo su cometido -añadió- desde "el respeto" a "los peruanos y las peruanas, a su soberanía, su Constitución, sus leyes y sus instituciones", pero que son conscientes de que cualquier gesto que hagan o palabra que digan "habrá quien lo interprete como una toma de posición" en "uno u otro sentido".

Además de por Loizaga, la misión está compuesta por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; de Paraguay, Julio César Arriola; de Costa Rica, Arnaldo André; y de Belice, Eamon Courtenay, así como por la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil.

Los dos intentos de los parlamentarios opositores por sacar a Castillo comenzaron incluso antes de la toma de posesión en julio de 2021, cuando lo acusaron de un fraude electoral para el que no presentaron pruebas y que, en concepto de las misiones de observadores nacionales e internacionales, lucía inverosímil.

Actualmente está lista una tercera moción, pero no se presentó ante la evidencia, reconocida por sus impulsores, de que también fracasaría. Como en las dos previas, el argumento de los ponentes es que la corrupción hace de Castillo un mandatario con "incapacidad moral permanente".

Las dificultades de los impulsores de la vacancia, básicamente tres partidos de derecha -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País-, chocan con la aritmética: 42 congresistas de izquierda rechazan ese camino y por lo menos seis más tampoco lo apoyan.

La posibilidad de que Castillo sea acusado constitucionalmente, ya sea por la supuesta traición a la patria o por la denuncia de la Fiscalía, abre mejores posibilidades para sus enemigos, pues en ese caso se le podría suspender con 66 votos.

En ese cuadro habría además para los opositores una ventaja adicional: al estar el presidente suspendido, y no destituido, no se podría convocar a nuevas elecciones, pues en teoría podría regresar. Así, los parlamentarios tendrían asegurados sus asientos hasta 2026.

Sin embargo, el entrampamiento está en que la denuncia de la Fiscalía no incluye ninguno de los cuatro delitos por los que se puede procesar a un presidente en funciones. (Télam)