El gobierno ecuatoriano observo sesgo en el informe de la CIDH sobre las protestas de octubre

El gobierno de Ecuador afirmó que observa "sesgo" en el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó esta semana sobre la situación de los derechos humanos en el país durante las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, expresó anoche en rueda de prensa que existe un "sesgo" en el informe de la CIDH, a pesar de que "estos organismos tienen la obligación de tener una mirada honesta y neutral".
"Hay muy pocas alusiones al secuestro de policías y militares. No todas las personas que perdieron la vida en este contexto de violencia son indígenas", indicó Romo, quien también criticó que la CIDH no reconociera lo que el gobierno del presidente Lenín Moreno ha llevado a cabo en materia de derechos humanos", citaron medios locales y la agencia de noticias Europa Press.
La CIDH concluyó en su trabajo que la respuesta inicial del Estado ante las movilizaciones generó "actos de protesta" que, "en determinados casos, fueron reprimidos mediante el uso excesivo de la fuerza" y añadió que este proceder "fue principalmente en contra de integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones".
Asimismo, la CIDH refirió tener conocimiento sobre "diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias o el secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública, muchos de los cuales denunciaron haber sufrido malos tratos, como por ejemplo violencia sexual contra policías mujeres".
Las protestas en Ecuador estallaron a fines de septiembre por la decisión del gobierno de retirar los subsidios al combustible como parte del "paquetazo" de ajustes económicos exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares.
Las manifestaciones, inicialmente protagonizadas por transportistas y sindicatos, acabaron lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CAIE), que tomó Quito hasta el punto de obligar al gobierno a cambiar su sede a Guayaquil durante unos días.
Al menos diez personas murieron durante la ola de protestas contra Moreno, que finalmente tuvo que recuperar los subsidios al diésel y la gasolina y accedió a negociar el ajuste económico con la CAIE y otros colectivos. (Télam)