El Gobierno de Ortega justifica la detencion de opositores en Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua justificó la detención de opositores y aspirantes a la presidencia a los que acusa de tramar un golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega, a quien la comunidad internacional imputa estar limpiando el camino para intentar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre.
El canciller Denis Moncada dijo en una entrevista a la cadena Telesur que los delitos que les imputan a los detenidos están relacionados "con el encabezamiento y la dirección de golpes de Estado (...), y actividades vinculadas con terrorismo, que menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense",.
El número de arrestos subió a 19 ayer, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, políticos, un banquero e incluso excamaradas de armas de Ortega, acusados de "incitar a la injerencia extranjera" y "aplaudir sanciones" contra el Gobierno sandinista, que volvió al poder en 2007.
Tras una redada policial que se inició el 2 de junio, fueron detenidos los precandidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y Miguel Mora.
Cristiana Chamorro es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que presidió y que llevaba el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Al resto se le aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes cometan actos que inciten "a la injerencia extranjera".
"Quienes están siendo procesados (...) no son candidatos presidenciales, son directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y los destinan precisamente para desestabilizar el país", aseguró el canciller, citado por la agencia de noticias AFP.
"No son por razones políticas", insistió.
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas.
Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.
Es acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
Ayer, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a Nicaragua a un "cambio urgente" de actitud en el proceso electoral y a "liberar" a los opositores detenidos "arbitrariamente".
La expresidenta chilena urgió a "cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático".
En paralelo a una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 59 países llamaron a Managua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes.
El representante argentino ante el consejo, Federico Villegas Beltrán, manifestó también su preocupación ante "las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia".
Beltrán apoyó el pedido de Bachelet de que su gente pueda volver a entrar a Nicaragua, según un comunicado de Cancillería, días después de que Argentina y México, de manera coordinada, llamaran a consultas a sus embajadores en Nicaragua.
En Estados Unidos, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la Ley para Reforzar el CumplimientodeCondiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER por sus siglas en inglés), una norma para promover elecciones libres y nuevas sanciones a allegados de Ortega.
En paralelo, Rights Watch exhortó a la ONU a incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, en un informe que detalla "hostigamientos", "arrestos" y "procesos penales arbitrarios" contra críticos del presidente, en algunos casos implicando "tortura". (Télam)