El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, pidió hoy a la Fiscalía General que cite a declarar a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y a todo su gabinete por la compra con presunta sobrefacturación de material antidisturbios, caso en el que también están acusados los exministros Arturo Murillo y Fernando López.

Lima explicó que la Constitución de Bolivia prevé una "responsabilidad solidaria" por los decretos que dieron vía libre a la compra al parecer irregular del material antidisturbios.

"La señora Áñez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos", indicó el Ministerio de Justicia en su cuenta de Twitter.

"La compra de gases lacrimógenos con sobrecoste millonario en plena pandemia fue justificada con tres decretos supremos que fueron firmados por Jeanine Áñez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la Fiscalía General que los convoque a declarar", agregó la nota.

El fiscal general, Juan Lanchipa, informó hoy que hasta el momento hay 20 personas investigadas por el caso, bautizado como Casos gases lacrimógenos por la prensa boliviana.

"Tenemos ya 20 personas investigadas, cinco personas aprehendidas y se han llevado a cabo una serie de actuaciones procesales, entre ellas, registros, donde se ha logrado bastante información que se está trabajando", según recoge el diario local La Razón.

Además de a Murillo y López, las autoridades investigan a sus asesores y demás miembros de las carteras de Gobierno y Defensa.

En referencia a los delitos, Lanchipa precisó que las autoridades investigan a estas personas por siete delitos en total.

Preguntado en rueda de prensa sobre si Áñez, en prisión preventiva acusada de sedición y violación de la Constitución en las revueltas que precipitaron su caída, puede terminar involucrada en el caso, Lanchipa respondió que no lo puede anticipar, aunque el material hallado "puede dar lugar a la ampliación de la investigación para otras personas".

El funcionario remarcó que está "demostrado" que todo el proceso de investigación del caso no es parte de una "persecución política", tal como denuncian los involucrados, en especial y con mayor énfasis Áñez.

Murillo fue detenido la semana pasada en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales, delitos cometidos presuntamente en el marco del caso de la compra del material antidisturbios.

El paradero de López no está confirmado, aunque las autoridades sospechan que se encuentra en Brasil. También solicitarán la extradición de ambos, reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno, la compra de los materiales tuvo un costo de 5,6 millones de dólares, aunque el precio real sería de 3,3 millones.

(Télam)