El Gobierno boliviano del presidente Luis Arce retiró hoy un proyecto de ley contra las ganancias ilícitas propuesto al parlamento de mayoría oficialista, tras fuertes protestas y amenazas de sectores de la economía informal y cuestionamientos de la oposición conservadora.

"Como órgano ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto de ley", dijo en conferencia de prensa la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

La decisión busca "no dar lugar en absoluto a que nos confronten entre bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización y a la violencia", añadió, en referencia a anuncios de grupos opositores como el Comité Cívico de Santa Cruz de convocar a un paro nacional en próximos días contra esa ley y otras demandas.

"Nosotros venimos de sectores populares, somos un gobierno del pueblo y por supuesto siempre vamos a estar en sintonía con ese latir del corazón del pueblo boliviano, con sus preocupaciones, con sus temores y nunca iremos en contra de los intereses del pueblo boliviano", aseveró Prada.

Reconoció que "hubo fallas en la socialización de este proyecto de ley", al que consideró objeto de "un temor absolutamente infundado, sembrado y promovido por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad".

La anulación del proyecto ocurrió cuando el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, realizaba una gira nacional de justificación de la norma, consignaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.

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El gobernador y exlíder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, una de las principales figuras de la oposición y sindicado como uno de los responsables del golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, celebró el retiro del proyecto de ley contra el lavado de dinero, alegando que fue "un triunfo del pueblo".

"El pueblo boliviano movilizado obligó al gobierno de Luis Arce a retirar de la agenda legislativa otra ley autoritaria. Con esa ley, cualquier ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y despojado de sus bienes", escribió en su cuenta de Twitter.

El proyecto, que el Ejecutivo presentó como de consolidación de normas anteriores y compatibilización con lineamientos internacionales, estaba paralizado desde la semana pasada en el Senado luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Camioneros, transportistas urbanos y comerciantes callejeros, principalmente vendedores de ropa usada y productos de contrabando, iniciaron esta semana una campaña de marchas callejeras y amenazas de paros y bloqueos exigiendo la anulación del proyecto.

A estas protestas se sumaron sectores empresariales y partidos políticos opositores que denunciaron supuestos propósitos de confiscar bienes y limitar el derecho a la privacidad y al secreto bancario. (Télam)