El fiscal de la CPI resolvio investigar a Venezuela por presuntas violaciones de DDHH

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, resolvió iniciar una investigación formal a Venezuela por posibles violaciones de derechos humanos cometidas desde 2017, se informó hoy oficialmente.
De ese modo, Venezuela se convirtió en el primer país de América latina en estar bajo indagación formal del tribunal con sede en La Haya por posibles crímenes de lesa humanidad.
La decisión de Khan está contenida en un memorando de entendimiento que suscribió con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al concluir hoy una visita de cuatro días a Caracas y dar por terminada la investigación preliminar sobre el caso.
“El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación de Venezuela I y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad, de conformidad con el Estatuto de Roma”, dice el documento, según la agencia de noticias Sputnik.
El Gobierno de Venezuela dejó constancia en el memorando de su desacuerdo con la decisión de Khan.
“Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin, destacando que a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema las partes siguen comprometidas a colaborar activamente entre sí y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad”, señala el texto.
El documento indica que hasta ahora “no se ha identificado a ningún sospechoso, ni a ningún objetivo”, y que “la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
La fiscalía de la CPI tenía bajo investigación preliminar dos causas relacionadas con Venezuela.
La primera, que es sobre la que Khan se expidió hoy, se enfoca en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad a partir de abril de 2017, en el contexto de una serie de protestas callejeras que se produjeron entonces por espacio de cuatro meses y dejaron al menos 127 muertos, 3.000 heridos y 3.000 detenidos, según datos oficiales.
Esa denuncia fue presentada en 2018 por seis países miembros del Estatuto de Roma: Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y la Argentina -aunque esta última se retiró formalmente del trámite en mayo pasado- y estaba bajo indagación preliminar desde febrero de ese año.
La otra denuncia fue radicada en 2020 por el propio gobierno de Venezuela y apunta a determinar si se cometieron crímenes de lesa humanidad como consecuencia de la aplicación de “medidas coercitivas ilegales” adoptadas por Estados Unidos contra el país al menos desde 2014.
Por otra parte, Khan y Maduro suscribieron cuatro puntos destinados a establecer los mecanismos de cooperación entre la fiscalía y el Gobierno venezolano.
El primero afirma que “Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia” y el segundo compromete a ambas partes a “establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.
Asimismo, las otras dos cláusulas también obligan a ambas partes, a “esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma”, y a “trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado”.
“Han sido unos tres días de muchísimo trabajo, prácticamente cuatro, y se han visto caracterizadas estas jornadas por un debate sumamente franco y abierto, un diálogo constructivo entre un servidor, mi delegación y los funcionarios que representan a esta República”, dijo el fiscal ante Maduro, en un acto transmitido por la televisora estatal VTV.
Khan llegó a Caracas el domingo, procedente de Bogotá, y el lunes fue recibido por Maduro.
Hasta esta tarde no se habían informado otros interlocutores del fiscal, que la semana pasada anticipó en un comunicado que se entrevistaría con autoridades ejecutivas y judiciales, así como con representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, y diplomáticos extranjeros. (Télam)