El informe de la comisión del Congreso que investiga la vacunación en secreto contra la Covid-19 del expresidente y ahora candidato a legislador Martín Vizcarra (2018-20) concluyó que el dirigente habría cometido un total de cuatro delitos por los que será procesado en un juicio político que se llevará a cabo mañana, trascendió hoy de fuentes parlamentarias.

"Altos funcionarios: Martín Vizcarra. Presuntos delitos según Comisión Investigadora: negociación incompatible - aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo", señala el informe.

En octubre del año pasado, por entonces presidente, Vizcarra se vacunó en secreto tomando dosis destinadas para los ensayos clínicos que el laboratorio chino Sinopharm estaba llevando a cabo en el país.

La comisión del Congreso concluyó que el exmandatario se aprovechó de su alto cargo para obtener un beneficio propio, además de haber recibido ventajas de Sinopharm a cambio de favorecerlo en los contratos de compra de dosis.

Vizcarra además mintió cuando, difundida su vacunación en enero, afirmó que recibió la dosis como voluntario, algo que fue desmentido por los investigadores a cargo del ensayo, según la agencia Sputnik.

Este informe deberá ser votado mañana en el pleno del Congreso, en un juicio político que, de hallarlo culpable, lo inhabilitaría para el ejercicio de la función pública por 10 años.

Vizcarra había presentado un amparo ante la justicia para evitar justamente que el Congreso vete su postulación al parlamento en las elecciones generales del domingo.

"Pese a los intentos del Congreso por sacarme del proceso electoral, seguimos en carrera y más fuertes que nunca, lo que se reflejará en el respaldo ciudadano este 11 de abril. La inhabilitación exprés planteada por el Congreso vulnera el debido proceso; por eso hoy he presentado una acción de amparo ante un Juzgado Constitucional", informó Vizcarra el lunes en Twitter.

El exmandatario enfrenta además causas por presuntos sobornos en el llamado Lava Jato, mientras fue gobernador de Moquegua, aunque ayer la justicia rechazó imponerle la prisión preventiva.

Por ese caso, el Congreso lo destituyó el 9 de noviembre pasado en un juicio político relámpago que desató violentas protestas con saldo de dos muertos y una crisis institucional en plena pandemia. (Télam)