La ausencia de una reforma agraria en Colombia es uno de los denominadores comunes que marca una relación de continuidad entre las demandas de los grupos guerrilleros de la década del 80 y los pedidos actuales de la sociedad, según consideró la doctora en Ciencias Políticas y Sociología, periodista y activista feminista, Fabiola Calvo Ocampo.

En una entrevista con Télam, la escritora consideró necesario hacer un paralelismo entre ambas épocas y referirse a los acuerdos de paz y negociaciones que existieron desde 1982 entre los diferentes Gobiernos de Colombia y organizaciones guerrilleras, cuyas propuestas políticas fueron cambiando de acuerdo a las circunstancias del país.

El escenario se complejiza un poco más si se suma el elemento del narcotráfico, que atraviesa todo el país y que permeó tanto al Estado como a los distintos sectores de la sociedad, incluidos los grupos armados irregulares.

"En la década del 80 estaban todavía muy claros los contendientes: por un lado estaba el Estado y por otro, el movimiento guerrillero", puntualizó Ocampo y aclaró hoy que el entramado es más complejo.

Del proceso de paz de los 80, la socióloga recordó dos elementos: "De las negociaciones en 1984 con las organizaciones Movimiento 19 de abril (M19), el Partido Comunista Marxista Leninista, el EPL (Ejército Nacional de la Liberación), el Movimiento de Autodefensa Obrera y las FARC, se destaca el reconocimiento como fuerza beligerante y la creación por parte de las FARC del partido la Unión Patriótica, para ver qué pasaba y si salíamos o no de la legalidad."

Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia transicional creada por el acuerdo de paz de 2016, reconoció que la Unión Patriótica sufrió una intensa persecución entre las décadas de 1980 y 1990, con más de 4.000 de sus miembros asesinados, entre los que hubo dos candidatos a la Presidencia.

"Por otro lado, los aspectos fundamentales que dejaron los acuerdos de 1984 tienen que ver con el pedido del M19 de un gran diálogo nacional de todas las fuerzas. Si bien se crearon mesas, no tuvieron capacidad de decisión", agregó y recordó, en ese mismo sentido "la propuesta del EPL de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, devolverle la soberanía al pueblo y hacer un cambio del contrato social".

Según la activista, el acuerdo de paz alcanzado en 2016 tras una dilatada negociación entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC no fue disruptivo.

"Lo que hay ahí no es nada nuevo. Se hizo una profundización de la Constitución de 1991, pero la gran deuda sigue siendo la reforma agraria, que es el primer punto del acuerdo de paz y que el Gobierno, teniendo en cuenta que su máximo líder es el dueño de casi todo el departamento de Córdoba, quiere hacer trizas", alertó la activista.

A modo de conclusión, la socióloga resumió: "El acuerdo empieza en la década del 80, lleva décadas hasta cristalizarse en acuerdos con las FARC, que el Gobierno no ha puesto en práctica, y tampoco ha atendido a los llamados de la comunidad internacional. Eso ha contribuido a la crisis en Colombia y al estallido social". (Télam)