(Por Pablo Giuliano) El homicidio del indigenista Bruno Pereira y del periodista inglés Dom Philllips aumentó la lista de crímenes políticos y económicos vinculados a la preservación ambiental y a la lucha indígena en la selva amazónica, con el agregado en este caso del avance de actividades que como en el caso de la minería ilegal fueron avaladas muchas veces por el presidente Jair Bolsonaro, que impulsa una política oficial para modificar la ley del uso del suelo en los territorios de los pueblos originarios.

En medio de la conmoción por el asesinato, confesado por un pescador ilegal de la región amazónica que había amenazado de muerte a ambos, la Policía Federal cree que cinco personas actuaron en el doble crimen, que se transformó en un asunto de discusión política sobre la reducción de los organismos de fiscalización que hizo el gobierno de Bolsonaro.

El caso se inscribe en el llamado "lejano oeste brasileño", la región amazónica, la más grande y pobre del país y que es la que más conflictos anuales registra por disputas de tierras, invasiones de mafias de la minería y el agro a tierras indígenas.

El 77% de las muertes y conflictos de tierras se dieron en los últimos diez años en la selva amazónica.

La emboscada que terminó en la ejecución de Pereira y Phillips se suma a la conmoción y el hito histórico de la lucha amazónica iniciado por el homicidio del líder de los trabajadores de la extracción del caucho, Chico Mendes, ultimado en 1988.

Y también al caso de la monja estadounidense Dorothy Sang, asesinada a tiros en 2005 por hacendados que la repudiaban por su defensa de las tierras indígenas en el estado de Pará.

La Comisión de la Verdad de 2014 sobre la dictadura militar determinó que al menos 8.000 indígenas fueron asesinados por el régimen de facto (1964-1985) para la construcción de la carretera Transamazónica.

A ese lugar fueron llevados para poblar la región hacendados del sur y centro del país, a los que les cedieron tierras para deforestar y desarrollar el agronegocio.

El presidente Bolsonaro lamentó hoy por Twitter la muerte del periodista inglés y del indigenista y expresó solidaridad a las familias, en un mensaje de una línea, luego de haber dicho días atrás que ambos se embarcaron en una "aventura" y que Phillips era "mal visto" por los garimpeiros (minería ilegal) por sus notas contra el delito en las tierras indígenas.

Pereira -como se lo menciona en Brasil, aunque su apellido completo es Ribero Pereira- era una suerte de héroe ambiental brasileño contemporáneo ya que el indigenista era el más experto del país en el conocimiento de las tribus -incluso las que no hacen contacto- de la tierra indígena del Vale do Javari, oeste del estado de Amazonas, un territorio del tamaño de Austria en la frontera con Perú y Colombia.

Hablaba cuatro lenguas originarias y estaba con licencia del gubernamental ente Fundación del Indio (Funai), al que el gobierno Bolsonaro pobló de militares y policías retirando a antropológos y especialistas de los altos cargos.

Acompañaba como miembro de la Unión de los Pueblos del Vale do Javari a Phillips, colaborador de The Guardian, en la excursión porque el periodista estaba escribiendo un libro sobre la preservación de la gran selva sudamericana, de la cual Brasil posee el 60%.

El doble crimen fue confesado por el pescador Amarildo Oliveira, detenido junto con su hermano.

Oliveira había discutido el día anterior con Pereira sobre la pesca ilegal en la región y Phillips lo habría fotografiado, según información extraoficial de la investigación.

De acuerdo con la reconstrucción, Amarildo Oliveira y otras cuatro personas persiguieron el domingo 5 de junio a la lancha de Phillips y Pereira y los asesinaron disparándoles con una escopeta, tras lo cual escondieron los restos 3,1 kilómetros adentro de la selva, adonde fueron hallados ayer.

Los restos de ambas víctimas llegaron hoy a Brasilia, donde serán sometidos a las pericias forenses.

Desde la sociedad civil y parte de la oposición se han organizado campañas para reclamar quién mandó a matar a Phillips y Pereira, teniendo en cuenta que el ex funcionario de la Funai era considerado un enemigo de las mafias de la región, que mezclan minería ilegal y la pesca a gran escala de especies protegidas para lavar dinero del narcotráfico de la cocaína de los vecinos Perú y Colombia.

La Unión de los Pueblos Indígenas del Valle do Javarí (Univaja) calificó como "crimen político" el hecho porque fueron ultimados por su activismo para garantizar el bienestar de las comunidades originarias.

La entidad acusó a las autoridades brasileñas del Gobierno del presidente Bolsonaro y al Ministerio Público federal de no haber tomado medidas a tiempo cuando fueron hechas denuncias de amenazas de muerte de parte de quienes invaden el territorio indígena para realizar actividades económicas extractivas prohibidas por la Constitución.

"Enviamos oficios denunciando que se había formado una gavilla de pescadores y cazadores profesionales vinculados al narcotráfico, y no se tomaron medidas con la rapidez necesaria para evitar la muerte de Dom y Bruno", dice un comunicado de la entidad, que agrupa a seis pueblos indígenas.

La entidad acusa al Ministerio Público Federal del estado de Amazonas y a los órganos dependientes del Gobierno nacional como la Policía Federal y la Fundación del Indio (Funai).

La Univaja informó que cree que existen responsables intelectuales del crimen más allá de los hermanos detenidos Amarildo y Oseney da Costa Oliveira, que confesaron haber participado del homicidio y ocultamiento de los cadáveres.

Manifestaciones en reclamo de justicia están siendo convocadas para las próximas semanas en varias ciudades de Brasil. La primera será el sábado, en la Avenida Paulista, en la ciudad de San Pablo, la mayor urbe del país.

El doble homicidio también repercutió en la campaña electoral para el 2 de octubre, sobre todo en dos proyectos de país en pugna, uno que quiere terminar con los territorios indígenas para el ingreso del agronegocio y la minería y otro que quiere aumentar los territorios protegidos en esa región clave para evitar el aumento del calentamiento global.

El expresidente y candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva afirmó hoy que el asesinato se relaciona con el "desmantelamiento" de las políticas públicas de protección a los pueblos indígenas y a la violencia fomentada por el Gobierno de Bolsonaro.

"El mundo sabe que este delito está directamente relacionado con el desmantelamiento de las políticas públicas de protección de los pueblos indígenas. También está directamente relacionado con el fomento de la violencia por parte del actual gobierno del país", afirmó Lula en un comunicado que también firma su candidato a vicepresidente, el conservador ex gobernador paulista Geraldo Alckmin.

El miércoles, durante un acto en Uberlandia, Minas Gerais, Lula prometió "demarcar todas las tierras indígenas posibles" en caso de ser electo, en contraposición al proyecto de ley enviado al Congreso por Bolsonaro para legalizar la extracción mineral en los ríos amazónicos dentro de las reservas garantizadas por la Constitución.

En 2012, siendo diputado, Bolsonaro fue multado por pescar ilegalmente en la Bahía de Angra dos Reis, en Río de Janeiro, y siempre se negó pagar la multa, que actualmente equivale a 2.000 dólares.

Una vez asumido en la presidencia, destituyó al fiscal del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) que lo había multado. (Télam)