El juez de la Suprema Corte de Justicia de México que cuestionaba la prisión preventiva obligatoria, llamada también "preventiva oficiosa" o "automática", establecida en la Constitución pero cuestionada por organismos internacionales, retiró hoy su proyecto para trabajar en una nueva iniciativa, lo que evitó que el cuerpo de once miembros votara al respecto.

Tras días de discusión y cuando la mayoría de la Corte parecía inclinarse por el rechazo, el ministro Luis María Aguilar retiró el proyecto que cuestionaba el artículo 19 de la Carta Magna mexicana referido a la "prisión preventiva oficiosa".

Aguilar se comprometió a "elaborar un nuevo documento" que recogiera las opiniones del resto de los jueces, por ejemplo, de quienes consideran que corresponde al Congreso federal abolir o reformar el texto constitucional, reportó la agencia Sputnik.

"En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir una propuesta", dijo en su presentación el ministro ponente, para quien la idea ahora es "unir los puntos de conexión" de las opiniones de los jueces, y además "matizar los disensos".

Aguilar pretende una metodología que permita "expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y en las familias mexicanas".

Para objetar el texto constitucional se requiere mayoría calificada de dos terceras partes de los jueces, esto es ocho de los once magistrados, pero ya cuatro consideraron que la Constitución la redacta o reforma el Congreso de la federación mexicana.

El autor de la propuesta, con todo, objetó que la función de los jueces constitucionales se limite a resolver conflictos y restringir sus estudios a una técnica jurídica, mientras sectores vulnerables como comunidades indígenas y personas sin recursos económicos son los más afectados.

"Yo reafirmo mi postura: tenemos una deuda histórica con esos sectores discriminados; no podemos condenarlos anticipadamente, sin juicio previo y sin la posibilidad de defensa a una vida de infortunio, pobreza y sufrimiento", expresó el magistrado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con los ministros que consideran al Congreso como el único poder autorizado para cambiar el texto constitucional.

"Pienso que es muy claro que el Poder Judicial no debe tomarse atribuciones que no le corresponde y no se puede anular un artículo de la Constitución; para eso están los legisladores, por eso existe la división de poderes", dijo el jefe del Ejecutivo

Unas 90 mil personas -más del 40 por ciento de 220.400- detenidas en penales de México están sin sentencia. (Télam)