El Comité Nacional del paro (CNP) de Colombia acusó hoy al gobierno de Iván Duque de intentar “distraer las causas no resueltas del Paro Nacional” de casi dos meses “y las graves consecuencias de la violencia policial desatada en contra de los manifestantes” y advirtió que el Ejecutivo “vuelve a ponerse de espaldas al país” y “se burla de la ciudadanía”.

El Gobierno piensa “tal vez que esta conducta pueda, como en el pasado, ser olvidada. Se equivoca: este país ya no es el mismo; la indignación venció los miedos y la ciudadanía no dejará pasar este momento. Este comportamiento profundiza la grave crisis social y aplaza las urgentes soluciones que se requieren”, advirtió el CNP.

En un extenso comunicado en el que elogió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité ratificó para el martes 20 “una gran movilización pacífica en todo el país para exigir del gobierno nacional y de sus mayorías en el Congreso una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política”.

La organización dijo compartir “las observaciones” de la CIDH y sus 41 recomendaciones y expresó su esperanza en que “las instituciones del Estado le den cumplimiento y con ello se hagan efectivas las garantías para ejercer el derecho a la protesta pacífica en Colombia”.

El CNP, que agrupa a decenas de organizaciones sociales, sindicales y universitarias, llevó adelante casi dos meses de un paro nacional, desde fines de abril, en principio por una reforma tributaria luego retirada por el Gobierno, pero que luego se sostuvo en otras demandas y en el rechazo a la represión de la Policía a las protestas.

El Comité remarcó especialmente que la CIDH condenó “el alto número de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del Paro Nacional” y lamentó “con preocupación la magnitud de las afectaciones a la vida, a la integridad y a libertad personal”.

Remarcó que la comisión de la OEA “pudo verificar un uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, excesivo, desproporcionado, sin distinción y frecuente, así como uso de armas de fuego, mal uso de las llamadas armas no letales, todo ello por fuera de los estándares internacionales”.

“Valoramos que la CIDH reconozca el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos en mujeres, indígenas, afrodescendientes y LGBTI, etc., la utilización de la violencia de género como mecanismo de represión contra estas personas, y muy especialmente las agresiones contra los pueblos étnicos en el marco de las protestas pacíficas y las expresiones públicas estigmatizantes contra ellos”, manifestó el texto.

Para el CNP, “el gobierno nacional ha reaccionado mal, muy mal, a este informe de la CIDH”, en principio con “observaciones que se hicieron públicas rompiendo el diálogo confidencial del Estado con la CIDH” y luego con “declaraciones salidas de tono y con evidente molestia del Presidente de la República”.

“Quienes observan la conducta del Estado colombiano en materia de derechos humanos coinciden en que hay que poner fin a la violencia policial contra los manifestantes, escuchar los reclamos y dialogar con la ciudadanía movilizada y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica”, insistió el grupo de organizaciones.

Se quejó además de que el Ejecutivo “por varias semanas ha pretendido centrar la atención de la opinión pública en los efectos de las movilizaciones en la economía y en el incremento de los contagios de la Covid, todos desmentidos por cifras y estudios recientes, buscando distraer las causas no resueltas” del paro y las manifestaciones.

Para el Comité, “este comportamiento del gobierno nacional profundiza la grave crisis social y aplaza las urgentes soluciones que se requieren”.

“Seguir de espaldas al país incrementa el ya histórico descrédito de las instituciones y el precario apoyo del gobierno en la opinión. Sin duda esto motivará la renovación política del país”, señaló el CNP, en lo que parece un pronóstico sobre las elecciones presidenciales del año próximo.

Finalmente, el cuerpo aseguró que “continuará defendiendo la vida, la paz, la democracia y los derechos, persistirá en la exigencia de las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica” y movilizará el 20 en todo el país, también para acompañar la presentación “con un número importante de congresistas” de varios proyectos sobre puntos del pliego de emergencia.

En los dos meses de paro con protestas en las principales ciudades, las cifras oficiales señalan que hubo una veintena de fallecidos, pero para las organizaciones de derechos humanos los muertos fueron más de 80 y cientos los heridos. (Télam)