Manuela tuvo un juicio exprés cargado de irregularidades y estereotipos de género que le valieron una condena a 30 años de cárcel por homicidio agravado, pese a haber sufrido una emergencia obstétrica, denunciaron las organizaciones que demandaron al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Si bien llegó al hospital con pérdida de sangre y signos de preeclampsia, el personal de salud retrasó la atención y la acusó de "provocarse un aborto para esconder una supuesta infidelidad", tal como reza el parte médico y la sentencia condenatoria, que también agrega que “fue una mujer que no actuó en consecuencia con su instinto maternal de salvar a la criatura”.

"De febrero a agosto de 2008, ella fue denunciada y condenada a 30 años: un proceso judicial rapidísimo", señaló a Télam Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una de las partes querellantes.

Según la activista feminista, la defensa de Manuela fue también ineficaz: le cambiaron varias veces al defensor público y no le garantizaron el derecho a la defensa ni tampoco apelaron a su condena.

Además, las asociaciones denuncian que la imputaron con pruebas falsas y el expediente clínico tenía información falsa basada en estigmas de género.

"Obligaron al padre de Manuela a poner las huellas dactilares en un documento que lo usaron como acusatorio, como que el padre estaba denunciando a la hija, y el señor no sabe leer ni escribir", explicó Herrera.

La defensora de derechos humanos indicó que también lo forzaron a poner un acta de defunción, en la que dieron un nombre al feto, para "construir una víctima", mientras que le hicieron creer que beneficiaría a su hija.

La madre de Manuela fue, asimismo, amenazada con la cárcel, a la vez que fue sometida a inspecciones anales y vaginales al querer visitar a su hija en la prisión y sufrió intimidaciones para abstenerse de dichas visitas, señaló la defensa en su petitorio ante la Corte IDH.

Los escasos recursos de la familia llevaron a los padres a buscar trabajos extra y vender la tierra que tenían a bajo precio para poder visitarla y llevarle comida una vez al mes.

Tras su muerte por cáncer linfático en 2010, tuvieron que trabajar aún más para trasladar el cadáver de Manuela hasta el cementerio local y enterrarla cerca de su hijo.

"A traerla muerta fui. Es duro lo que me pasó a mí, Dios guarde, nadie aguanta eso", lamentó su madre en una entrevista con el medio digital Alharaca.

Además de negarle el acceso a la salud por no recibir nunca el tratamiento oportuno y requerido para el linfoma de Hodgkin que padecía, Herrera destacó que el Estado salvadoreño le negó el derecho a la libertad que tenía Manuela por sufrir una enfermedad terminal.

"Con custodia y esposada a una camilla en el pabellón de presos del hospital, así muere", detalló.

Con su fallecimiento, Manuela dejó huérfanos a dos hijos, entonces de siete y nueve años, cuyo padre los había abandonado años atrás.

Ni las asociaciones ni la familia saben si el embarazo de Manuela fue producto de una relación consensuada o de una relación violenta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en su informe que el Estado salvadoreño es responsable por la violación del derecho a la vida, libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud de Manuela.

Si el fallo de la Corte IDH se da finalmente en la misma línea, generaría jurisprudencia en el camino a la despenalización del aborto y contribuiría a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en los 25 países latinoamericanos que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(Télam)