Ejecutivo peruano demandara la ley que limita los referendos a la aprobacion previa del Parlamento

El presidente peruano, Pedro Castillo, presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por el Congreso que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por ese órgano legislativo antes de someterse a un referendo.
A través de un comunicado, el Consejo de Ministros indicó hoy que la referida norma "vulnera el derecho fundamental de participación política directa de la ciudadanía", reconocido en el artículo 31 de la Constitución y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, explica que la norma, aprobada en la víspera por el pleno del Congreso, también "vulnera principios constitucionales" como el balance de poderes y la democracia.
El Legislativo aprobó la ley por 72 votos a favor y 44 en contra y su promulgación quedó en manos de su presidenta, la opositora María del Carmen Alva, a pesar de que Castillo había observado esta norma en diciembre último al considerar que restringía este derecho.
El mandatario tiene como una de sus propuestas políticas de campaña el convocar a una consulta popular para modificar la Constitución Política, vigente desde 1993 y promulgada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En la nota, el Consejo de Ministros remarcó que "el referéndum es la expresión máxima del principio democrático, pues constituye un pronunciamiento del pueblo, que es titular del poder constituyente, tal como lo establece el artículo 45 de la Constitución".
Además, sostuvo que resulta "inconcebible" que en una democracia "se desconozca el derecho de los y las ciudadanas" a decidir de manera directa sobre los diferentes ámbitos de la sociedad, "no solo porque es una manifestación directa de la dignidad humana, sino porque es garantía para el ejercicio de otros derechos fundamentales, informó la agencia oficial de noticias peruana Andina.
"El Gabinete Ministerial deplora que el Congreso de la República no haya promovido un debate amplio de esta norma, con opiniones técnicas y, sobre todo, permitiendo la participación ciudadana, pues recorta un derecho como el referéndum, al condicionar todas las materias susceptibles de consulta popular", añadió.
En tal sentido, aseguró que el Consejo de Ministros seguirá defendiendo al pueblo de este tipo de decisiones adoptadas "de espaldas a su población, que en su legítimo derecho desea organizarse para hacer oír su voz pues siente que no es lo suficientemente escuchada". (Télam)