El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua instó hoy a los partidos políticos a no inscribir como candidatos a quienes no cumplan con los requisitos que imponen las leyes, en lo que pareció un mensaje destinado a la alianza opositora que pretendía inscribir a la periodista Cristiana Chamorro, detenida desde el miércoles por presunto lavado de dinero, y cuya libertad pidieron hoy Estados Unidos, Francia y España.

"No pueden ser inscritos como candidatos a cargos de elección quienes no llenen las calidades, impedimentos o les fuere prohibido" por las leyes de agentes extranjero y de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, indicó una resolución del CSE.

Con mayoría cercana al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los magistrados exhortaron a los partidos a "no inscribir" a quienes encabecen o intenten golpes de estado, alteren el orden y fomenten actos "terroristas".

También están inhibidos quienes inciten a la injerencia extranjera o se organicen con financiamiento extranjero para actos de terrorismo y desestabilización, consignó la agencia AFP.

La advertencia se da en pleno proceso de inscripción de parte de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL), que buscará decidir un candidato para los comicios del 7 de noviembre.

Entre quienes podían buscar encabezar la fórmula estaría la periodista Chamorro, quien pese a estar bajo arresto domiciliario por acusaciones de lavado de dinero que le formuló la Fiscalía General, según juristas, aún puede ser inscrita porque no hay sentencia de la justicia en su contra.

Según una reciente encuesta, Chamorro es la aspirante con mayor apoyo ciudadano después del presidente Daniel Ortega, quien todavía no anunció si volverá a ser candidato para buscar un cuarto mandato consecutivo.

Ortega, de 75 años y con 14 en el poder, enfrenta desde 2018 una crisis política detonada por protestas que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La detención domiciliaria en que quedó Chamorro esta semana vio a sumarle quejas y advertencias de varios países y de la Unión Europea.

Hoy fue Estados Unidos el que reclamó "liberar de inmediato" a la líder opositora, considerando su detención incompatible con elecciones creíbles en noviembre.

"El régimen de Ortega debe liberar de inmediato a la líder opositora Cristiana Chamorro", dijo el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, para quien la detención "bajo cargos inventados es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas".

También Francia pidió la liberación de Chamorro y la devolución de sus derechos cívicos. "Francia condena con firmeza esas medidas que son incompatibles con un proceso electoral, libre, sincero y transparente", indicó una nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Estas decisiones forman parte de un clima degradado tras varias medidas adoptadas desde finales de 2020" contra la pluralidad política y la libertad de prensa en el país centroamericano, señaló el texto.

Y España, a través de un pronunciamiento de su Cancillería, publicado en la red Twiter, expresó su "preocupación" por la detención e inhabilitación de la precandidata y alertó sobre el "continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes" en Nicaragua.

Para la cartera de Exteriores española, estos "graves hechos y la actual dinámica política reducen los espacios de diálogo y convivencia en Nicaragua y ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales" de noviembre.

Chamorro quedó bajo custodia policial en su casa a partir de una investigación que abrió la Fiscalía el 20 de mayo, por pedido del Ministerio de Gobernación, por supuestas irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, dedicada a la promoción de la libertad de expresión.

La dirigente, de 67 años e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, consideró que la causa es una "farsa" que solo busca que no participe de los comicios. (Télam)