El gobierno de Estados Unidos devolverá a México a los solicitantes de asilo mientras la Justicia resuelva su caso, en una nueva estrategia que podría comenzar a aplicarse hoy y que representa el cambio más significativo en el sistema de inmigración en años.

Según el diario estadounidense The Washington Post, que cita a funcionarios del gobierno, la nueva política comenzará a aplicarse hoy en el paso fronterizo de San Ysidro, en el límite entre San Diego y Tijuana, el cruce más transitado de la nación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense explicó ayer en un comunicado que a ciertos solicitantes de asilo ya no se les permitirá permanecer en el país como hasta ahora, sino que serán devueltos mientras se resuelven sus casos.

Al llegar a la frontera, los migrantes que pasan los controles e inician el trámite para obtener asilo, son alojados en centros de detención en los que están sometidos a un régimen de seguridad similar al de una prisión.

El comunicado del DHS explicó que quienes sean devueltos a México, tendrán permiso para regresar si son citados a una audiencia judicial y agregaron que México se hará cargo de proveer ayuda humanitaria a los retornados.

Con esta estrategia, Estados Unidos pretende reducir los casos de "asilo fraudulento", en los que los inmigrantes afirman que van a pedir asilo y "a menudo" no lo hacen y "desaparecen antes de que un juez de inmigración pueda determinar los méritos de cualquier petición".

La política, negociada con México y que se espera que enfrente desafíos legales, no se aplicará a niños que viajan solos ni a solicitantes de asilo mexicanos, según el DHS, informó la agencia de noticias EFE.

Según datos del gobierno de Estados Unidos, un 90% de las solicitudes de asilo son rechazadas en última instancia.

Kirstjen Nielsen, secretaria del DHS, aseguró que esta nueva medida ayudará a poner fin al "abuso" de las "generosas" leyes migratorias estadounidenses, así como abordar la "urgente crisis humanitaria" en la frontera sur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido poner un límite a la inmigración incluso desde la campaña electoral que lo catapultó a la Casa Blanca, cuando prometió construir un muro a lo largo de toda la frontera.

Sin embargo, sus planes chocaron con la oposición del Congreso que se niega a aprobar el presupuesto 2019 porque incluye una partida millonaria para esa obra y mantiene cerrada la administración federal desde hace más de un mes, el cierre más largo de la historia de Estados Unidos.

Cerca de 10.000 migrantes esperan en la frontera entre México y Guatemala para seguir hasta Estados Unidos mientras que alrededor de 2.000 ingresaron la semana pasada salteándose los controles requeridos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes del gobierno de México indicaron que sólo recibirán a sus nacionales o a extranjeros que hayan hecho el trámite legal para ingresar.

La gran mayoría escapa a los controles porque llegan a la frontera huyendo de la persecución en sus países y en muchos casos salen sin papeles; además desconfían de las autoridades migratorias. (Télam)