La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) de Uruguay presentó hoy ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes dos informes sobre violencia institucional contra adolescentes, y advirtió sobre un contexto de “profundización de la regresividad penal” acelerado por la Ley de Urgente Consideración (LUC), esqueleto de la gestión de Luis Lacalle Pou y cuestionada por casi toda la oposición.

Una delegación de la Inddhh planteó la necesidad de “revisar y armonizar las reformas de carácter regresivo realizadas hasta el momento, con especial énfasis en la LUC, de forma que el marco normativo se adecue a los principios y a la normativa internacional vigente en materia de infancia, adolescencia y derechos humanos durante la presente legislatura”.

El director de la organización, Wilder Tayler, y la abogada Gianina Podestá dieron datos sobre falta de garantías en los primeros momentos de la detención, prácticas discriminatorias y situaciones de abuso y maltrato durante la detención y la custodia policial.

En contextos de encierro, además, identificaron situaciones de violencia entre pares y uso desproporcionado de la fuerza para contener a los adolescentes, especialmente durante las requisas.

Un primer informe presentado, titulado “Adolescentes en comunidad. Experiencias de violencia institucional en Montevideo y Paysandú”, recogió las experiencias de 115 adolescentes -78 de Montevideo y 37 de Paysandú- que estudian en la educación media y participan en un proyecto socioeducativo en el barrio donde residen, en la periferia de las ciudades.

Según el sitio de La Diaria, la mayoría de ellos no tiene experiencias de judicialización o privación de libertad, pero “el territorio que habitan, la edad que tienen y algunas características estéticas (vestimenta, calzado, peinado, modos de habitar el espacio público) son los factores que explican las intervenciones policiales”.

Click to enlarge
A fallback.

Según Podestá, “en general no se brindó una información detallada a las y los adolescentes en relación a las razones de la detención” y respecto de la notificación sobre derechos individuales, “refirieron haber recibido poca información”.

Los entrevistados también dieron cuenta del “uso de esposas y grilletes, de amenazas con armas de fuego, de uso de lenguaje amenazante, ofensivo o inapropiado durante la detención”, así como de la “solicitud de documentación o de detenciones que no estarían asociadas a la comisión de un delito en calidad de in fraganti ni tampoco con una orden escrita de juez competente comunicada por medios fehacientes, que es lo que pide el Código de la Niñez y la Adolescencia”.

En ese sentido, Podestá alertó que se trata de prácticas “percibidas como discriminatorias”, es decir, “que tienen que ver con una identificación de esas adolescentes o esos adolescentes con determinados estereotipos más que con un delito” o percepción de un delito en sí.

Un segundo informe, “Adolescentes en privación de libertad. Situaciones de violencia institucional desde una perspectiva preventiva de la tortura y otros malos tratos”, reporta que el Centro de Ingreso para Adolescentes Mayores es el que más denuncias registra.

“Los adolescentes refieren haber sufrido allí más situaciones de violencia, especialmente por parte de pares al ingreso del sistema. Se destacan situaciones esporádicas de uso desproporcionado de la fuerza para contener a adolescentes, especialmente durante las requisas”, advierte.

Sobre esas requisas, Podestá sostuvo que “implican el desnudo del adolescente frente a varios oficiales en el caso de ser varones, agacharse y toser, lo que para cualquier individuo, sobre todo para un adolescente, implica una situación que ya de por sí constituye una violación a su derecho a la intimidad e integridad personal”.

Finalmente, Tayler lamentó que se perciba un “fenómeno de naturalización de la violencia”, a partir de que las y los adolescentes plantean que “ese tipo de trato es lo normal” y que se repite “la idea de que no vale la pena denunciar”.

Otro punto que se remarcó fue el “proceso de regresión penal constante que viene experimentando Uruguay”, que, para la Inddhh, “se profundizó recientemente con la LUC”, que “reduce, entre otros aspectos, garantías al momento de la detención, reforzando la respuesta punitiva”. (Télam)