El presidente de Colombia, Iván Duque, recogió hoy las quejas de organizaciones por los asesinatos de líderes sociales y remarcó que su gobierno es “respetuoso de los derechos humanos”, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le reclamó medidas para garantizar la vida de esos dirigentes.

"No aceptamos que se sigan acallando voces de líderes sociales en nuestro país; este es un gobierno respetuoso de los derechos humanos, comprometido con los derechos humanos, comprometido con la legalidad", afirmó Duque, tras reunirse con Carlos Ruiz Massieu, nuevo jefe de la Misión de Verificación de la U.

Uno de los temas del encuentro fue la crítica situación derivada de los atentados contra los líderes sociales, que a Naciones Unidas también preocupa.

Según cifras de la Defensora del Pueblo, en 2018 fueron asesinadas 164 personas dedicadas a la defensa regional de los derechos humanos, mientras otras organizaciones creen que esa cifra es baja frente a la realidad.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una G que a lo largo de 40 años ha investigado y divulgado actos de violencia contra la sociedad civil, dijo en un estudio que el año anterior fueron asesinados 252 defensores de derechos humanos y líderes sociales en 119 municipios del país, consignó la agencia ANSA.

Parte del gobierno y algunos investigadores independientes y Gs coinciden en atribuir esos asesinatos a disidentes de las FARC, al grupo guerrillero ELN y a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparrapo, conformadas por ex paramilitares y narcotraficantes.

"Vamos a ser contundentes con esos grupos", prometió Duque tras la charla con el mexicano Ruiz Massieu, encargado por U para verificar la implementación del acuerdo de paz con las FARC.

El alto consejero presidencial de Derechos Humanos y asuntos internacionales, Francisco Barbosa, habló de cierta "sistematicidad" en los crímenes, pero aclaró que el Estado nada tiene que ver con esos hechos.

El tema llegó a la CIDH, que hoy formuló una serie de recomendaciones al Ejecutivo para salvaguardar la integridad física de los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Tras reiterar su preocupación por la violencia contra estas personas, la CIDH planteó 11 recomendaciones a Bogotá para abordar esta situación, entre otras establecer "planes" que prevengan y combatan "la estigmatización" contra los defensores y una mejor "coordinación" con las autoridades regionales para su protección.

También le pidió "investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales". (Télam)