Duque se anoto un exito con la CPI, en una materia en la que Colombia no suele destacarse

El acuerdo firmado entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que cerró después de 17 años el examen que ese organismo internacional mantenía sobre el país marcó para el mandatario un éxito en un terreno, el de la justicia y los derechos humanos, en el que siempre recibió más críticas que aplausos.
Cuestionado casi sin matices por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), advertido por Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y mirado de reojo por la OEA y la Unión Europea (UE), por ejemplo, por el asesinato de líderes sociales y la represión a las protestas durante el paro abril-junio, el Gobierno vivió el acuerdo como un triunfo.
"El compromiso que suscribimos con la CPI es hoy referencia para la región, es vinculante y permanente, generando confianza en los colombianos y garantizando que no haya impunidad, evitando que los victimarios se burlen de sus víctimas",capitalizó de inmediato Duque en Twitter.
La mirada de la CPI estaba en cinco items: la promoción y expansión de grupos paramilitares, los desplazamientos forzados, los delitos sexuales en el conflicto, los llamados "falsos positivos" –jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate- y los compromisos en justicia que se establecieron en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC.
En concreto, lo que sellaron Duque y el fiscal Khan saca a Colombia de la lista de observación del tribunal internacional, lo que supone que el país "está a la altura de sus obligaciones internacionales al igual que en sus obligaciones reglamentarias con base en el principio de complementariedad", en palabras del jurista británico.
Ex subsecretario general de la ONU, Khan estuvo tres días en Colombia, donde se vio con autoridades judiciales, legisladores, organizaciones civiles y funcionarios del Gobierno, antes de seguir viaje hacia Venezuela.
En la suerte del acuerdo parece haber pesado un extenso informe que Bogotá le hizo llegar el 26 de septiembre, y en el que, entre otros puntos, se resaltó que "la democracia más antigua del continente" había logrado crear "mecanismos propios para lograr la paz tras 50 años de conflicto".
Según las cifras que entregó el Gobierno, 76 mil miembros de grupos armados se desmovilizaron y entregado sus armas entre 2001 y 2021, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y hubo 66 sentencias, 560 condenados y 10 mil hechos juzgados.
Se ha acreditado además 22 mil víctimas y las indemnizaciones superaron los 230 millones de dólares.
El acuerdo Estado-CPI tiene apenas siete artículos, y el primero compromete al Gobierno a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Centro Democrático, el partido de Duque, fue el principal crítico del acuerdo de paz que justamente creó las instancias jurídicas especiales y su máximo referente, el expresidente Álvaro Uribe directamente las desconoce, pero el presidente tuvo la habilidad de mostrarse como un impulsor de los entendimientos de 2016 y hasta un guardián de su cumplimiento.
"Luego de 17 años de exámenes preliminares de la CPI, nuestro compromiso como Gobierno es hacer de esta cooperación un hecho histórico, que ahonde por velar la aplicación de los principios de verdad, justicia y reparación, y así garantizar la no repetición", resaltó.
Desde el 2004, probablemente uno de los momentos más ásperos del conflicto armado, Colombia estaba en lista de países bajo observación de La Haya, y ese estatus significaba que en cualquier momento la CPI podía pedir juzgar a ciudadanos del país acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Ahora, Duque comprometió al Estado en la tarea de salvaguardar "el marco constitucional y legislativo establecido y su estructura", asignar el presupuesto necesario para su implementación y evitar "cualquier interferencia con sus funciones".
El texto también establece reglas de seguridad estrictas para exguerrilleros y personal judicial, y estipula que Colombia debe seguir informando a la Fiscalía sobre los avances de las investigaciones, que habrá visitas anuales e intercambios entre la Fiscalía de la CPI y las instituciones colombianas y que La Haya participará en programas para profesionales jurídicos locales sobre decisiones emitidas por ese organismo internacional.
También habrá mecanismos de reconsideración de esta aprobación, de acuerdo con los sucesos que se pudieran presentar.
"Colombia, ante los ojos del mundo, ha fortalecido sus instituciones judiciales", celebró el presidente.
La salida de Colombia de la lista disgustó a varias organizaciones, aún cuando incluya un respaldo a la JEP, valorada desde varios sectores.
Desde la organización que agrupa a madres de víctimas de ejecuciones judiciales, Jacqueline Castillo, advirtió que "los avances en la justicia acá son casi nulos, porque con la jurisdicción ordinaria hubo 13 años de impunidad, y en la Jurisdicción Especial para la Paz aún falta mucho por avanzar en cientos de crímenes cometidos por el Estado".
El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero, en tanto, consideró "problemático" el levantamiento de la observación, aunque sea "un espaldarazo al trabajo de la JEP".
"Se han registrado múltiples ataques al trabajo de la jurisdicción. Además, en temas como el desplazamiento, apenas se está comenzando a avanzar en la JEP y la impunidad en este delito continúa siendo del 95%", expresó.
También para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) el acuerdo merece un cuestionamiento: "Consideramos que la decisión de archivar la investigación es una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país", señaló la organización en su cuenta de Twitter.
Y en la misma red el titular de HRW, José Miguel Vivanco, escribió: "La decisión del Fiscal de la CPI de cerrar su examen preliminar en Colombia con un acuerdo de cooperación es prematura, equivocada y contraproducente. La decisión puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia". (Télam)