El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este domingo que "modernizará" la policía, que está bajo la lupa por la represión de protestas sociales desatadas hace un mes y causaron más de 60 muertos.

El mandatario ordenó "un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional, sobre todo para fortalecer la política (...) de los derechos humanos", durante una ceremonia de ascensos de la institución en Bogotá.

Sin ceder, en principio, a la presión de los manifestantes que exigen una "reforma" a la policía, el presidente anticipó una "transformación" del cuerpo adscrito al Ministerio de Defensa, y agregó que creará una "dirección de derechos humanos" encabezada por un experto ajeno a la institución.

El anuncio se conoce el mismo día en que Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega al país para evaluar la situación en medio del estallido social, reportaron las agencias de noticias AFP y Sputnik.

Lo que comenzó el 28 de abril con una manifestación contra un proyecto para incrementar impuestos que luego fue retirado, terminó en un movimiento de protesta contra el Gobierno agravado por la represión de la policía.

Al menos 61 personas han muerto desde que iniciaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo. Dos de ellos eran uniformados.

Por su parte, la ONG Human Rights Watch asegura tener "denuncias creíbles" sobre 67 muertes ocurridas desde que comenzaron las protestas. La organización ha confirmado que 32 de ellas "tienen relación con las manifestaciones".

Además, diversos balances oficiales y extraoficiales hablan de unas 90 personas que participaron de alguna protesta cuyo paradero se desconoce.

Delegados del Gobierno y el sector más visible de la protesta adelantan desde hace semanas un diálogo sin llegar a acuerdos y divididos por el accionar de la fuerza pública.

El llamado Comité Nacional de Paro (CNP), que no representa a todos los sectores que se manifiestan, exige "garantías para la protesta" y que el presidente se disculpe por los excesos de la policía.

Por su parte, el Gobierno exige que el CNP condene decenas de bloqueos viales, a los que atribuye la muerte de dos bebés atrapados en ambulancias y millonarias pérdidas. (Télam)