La Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) pidió una solución urgente en Haití, el país más pobre del continente, sin elecciones desde el año 2016, en medio de una aguda crisis política, económica, de seguridad y sanitaria, y que, desde ayer, no tiene ningún representante electo a nivel nacional ni el Ejecutivo ni el Legislativo.

El relator de la CIDH, Stuardo Ralón, expresó que la solución tiene que ver con "restablecer la institucionalidad democrática" a través de elecciones, tras denunciar" una violación sistemática y diaria de derechos, en un escenario de vacío de poder institucional, una cruenta guerra territorial de diferentes grupos donde la ciudadanía está desamparada".

Ayer concluyó el mandato del tercio de senadores que aún componían la cámara alta, un grupo de 10 legisladores que completaron simbólicamente su función en un Poder Legislativo que dejó de funcionar de hecho en enero de 2020, cuando todos los diputados y dos tercios de los integrantes de la Cámara Alta abandonaron sus cargos, sin que fueran reemplazados.

Anteayer el presidente del Senado, Joseph Lambert, resultó “gravemente herido” durante un atentado armado en la zona del Bicentenaire, en el centro, una localidad controlada por grupos armados, y recibió tratamiento en un hospital de Puerto Príncipe, informaron medios de prensa locales.

En Haití 4,9 millones de habitantes, el 43 % de la población, requieren de ayuda humanitaria, mientras proliferan los enfrentamientos entre bandas armadas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

"No podemos atrevernos a hablar de democracia", lamentó por su parte el abogado Samuel Madistin, citado por la agencia de noticias AFP, para quien la crisis se profundiza porque "el Estado está perdiendo el control de la mayor parte del territorio, el 60%, en beneficio de bandas armadas".

Haití "es un Estado que, prácticamente, no existe", agregó Madistin.

El asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moise por un comando armado en su residencia privada no hizo más que amplificar la ya profunda crisis política en la que estaba sumido el país por la decadencia de las instituciones públicas.

El primer ministro Ariel Henry es quien actualmente lleva el país adelante pero con su legitimidad ampliamente cuestionada.

Luego de 13 años de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah, 2004-2017), que llegó a contar con 9.000 cascos azules y más de 4.000 policías internacionales, la ONU ha ido reduciendo su presencia en el país, que hoy se reduce a una oficina política de unas sesenta personas, aunque mantiene su mandato de "fortalecer la estabilidad política y el buen gobierno".

Que nadie en Haití sea capaz de controlar el accionar del gobierno o aprobar leyes no conmueve particularmente a los habitantes, oprimidos por la amenaza de las pandillas, la pobreza extrema o el recrudecimiento del cólera. 

"Los ciudadanos no están realmente interesados en este problema de representatividad: su prioridad es la seguridad", observó Gédéon Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).

Durante 2022, esta organización registró al menos 857 secuestros cometidos por bandas armadas.

El desinterés de los habitantes por la política se ha ido incrementado paulatinamente ante los escándalos en los que se han visto implicados ministros, diputados o senadores, sin que la justicia actúe y dicte sanciones.

Apenas más del 20% de los votantes participaron en las últimas elecciones que organizó el país, en noviembre de 2016.

En noviembre de 2022, varios empresarios y políticos, incluido el presidente saliente del Senado, Joseph Lambert, fueron sancionados por Estados Unidos y Canadá que los acusan de estar involucrados en el narcotráfico y de mantener vínculos con redes criminales.

Lambert fue objeto de un robo a mano armada en Puerto Príncipe el domingo y le dispararon a su automóvil; resultó herido y hospitalizado, pero su vida no corre peligro, según la prensa local. 

"Debemos pensar en moralizar la vida política y sanear el sistema electoral (...) para evitar que personas tomen de rehén a las próximas elecciones con dinero sucio", advierte Jean.  (Télam)