La Cámara de Diputados reanudó hoy, como estaba previsto, la sesión en la que discute el pedido de juicio político a la fiscal general Sandra Quiñónez, acusada por parte de la oposición y del oficialismo de omitir investigaciones sobre el accionar empresario del expresidente Horacio Cartes, acusado de corrupción por Estados Unidos.

La de hoy es la tercera jornada en la que se debate el tema, acelerado por la acusación que Washington hizo pública el viernes.

Quiñónez es vista como una funcionaria que siempre protegió a Cartes y el eventual voto a favor de juicio político sería la primera consecuencia directa de las denuncias contra el exmandatario, dueño de un emporio de empresas y de varios medios de comunicación.

Igual que en las dos jornadas anteriores, el interés central de hoy está dado por si se llega o no a los 53 votos que se necesitan para abrir el juicio –suponiendo una asistencia perfecta de 80 diputados-, algo que parece estar cerca, según los legisladores que impulsan la medida.

De fondo, diputados del gobernante Partido Colorado enrolados en el sector que se referencia en el presidente Mario Abdo Benítez, por un lado, y el que responde al mismo Cartes, por el otro, vienen cruzando acusaciones desde el comienzo mismo del debate.

Según el sitio del diario Última Hora, faltarían apenas dos votos para la aprobación del juicio a Quiñónez, que podrían llegar desde un sub-bloque del Partido Liberal Radical (PLRA), que es opositor pero suele actuar aliado al cartismo.

Ayer, el bloque cartista de Honor Colorado planteó cerrar la lista de oradores y llevar a votación el pedido de juicio, y 53 diputados rechazaron esa moción, y ahora se especula con esa misma cifra para abrir el proceso a la fiscal.

Paralelamente, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso, que indaga sobre el lavado de dinero en el país, convocó a Cartes para que dé explicaciones sobre su aparición en la llamada Lista Engel en la que Estados Unidos incluye a funcionarios y legisladores “significativamente corruptos” de América Latina y les veta la chance de entrada al país.

Cartes debe presentarse el martes 2 para responder las preguntas de la Comisión, a propuesta del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis.

“Es una acusación bastante grave de un Gobierno extranjero. Ellos hablan de que tienen documentada una investigación. Si estamos hablando sobre lavado de dinero y a este señor se lo sindica como uno de los grandes lavadores, sería bueno que él pueda responder ante la Comisión Bicameral”, expresó Salyn Buzarquis.

La denuncia de EEUU también incluye a los hijos del exmandatario Juan Pablo, Sofía y Sol Cartes. Todos tienen prohibido ingresar a ese país.

Más allá de la denuncia de Washington, el tema ya estaba en el debate público, especialmente desde que a fines de mayo pasado se revelara que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) había remitido a la Fiscalía un informe sobre el presunto esquema de lavado de activos del exmandatario, algunas personas allegadas y varias de sus empresas.

Ese reporte indica que las firmas de Cartes, que actúan en varios rubros comerciales, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico”.

Además, una de las empresas del expresidente se vio implicada en el caso del avión con tripulación integrada por venezolanos e iraníes retenido en la Argentina desde el 10 de junio. (Télam)