Detuvieron a otras dos fiscales de un ente que investigaba corrupcion en Guatemala

Otras dos fiscales exintegrantes de la ya extinta comisión antimafias auspiciada por la ONU en Guatemala fueron detenidas hoy por abuso de autoridad, informó la Fiscalía General.
Los arrestos se dieron "en seguimiento a una denuncia por posible coacción y presiones en contra de una persona, con el fin de declarar hechos falsos", según detalla una nota de prensa del ministerio público.
La Fiscalía de Asuntos Internos coordinó con la Policía Nacional Civil la captura de las funcionarias pertenecientes a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Las capturas fueron solicitadas por un juez tras una investigación que determinó "su posible responsabilidad en el delito de abuso de autoridad", consignó la agencia AFP.
A dos exfiscales de la FECI también les emitieron orden de detención, pero no se ejecutaron, agregó.
La FECI fue creada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que debió encabezar las investigaciones por corrupción.
Ayer, la exfiscal Eva Sosa fue también detenida cuando se presentaba en un juzgado que investiga su actuación en ese organismo.
Y la abogada Leyli Santizo, mandataria por once años de la Cicig, también fue detenida bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia, lo que generó que Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Reino Unido expresaran preocupación por la persecución penal contra operadores de justicia.
A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, tras la destitución del entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien salió del país por razones de seguridad, según dijo.
Estados Unidos señaló entonces que perdió la "confianza" en Porras.
El nuevo fiscal, Rafael Curruchiche, es señalado por activistas anticorrupción de perseguir a opositores y es quien está a cargo de la investigación de las juristas detenidas.
La Cicig apoyó a la Fiscalía para enjuiciar a políticos, militares y empresarios considerados intocables y dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales, acusado de corrupción electoral por ese órgano y por la FECI.
Los dos entes destaparon varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar la estafa. Los dos están detenidos, a la espera del juicio. (Télam)