La redistribución de escaños parlamentarios ralentiza el avance de la ley de Censo en Bolivia, cuando se cumplen 35 días de paro en la provincia de Santa Cruz, que dejó al menos cuatro fallecidos y 178 heridos.

"Hay departamentos que están en contra de la redistribución de escaños parlamentarios. Hay diputados y senadores que están observando el proyecto de ley. Parece que no quieren tocar los escaños parlamentarios", señaló el diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) por Santa Cruz, Patricio Mendoza, en contacto con la prensa local.

El 22 de octubre pasado, un "movimiento cívico" que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz convocó a un paro por tiempo indefinido para exigir que el censo sea en 2023, en lugar de 2024 como había propuesto el Gobierno nacional, dado que determina el reparto de ayudas entre las regiones del país.

El Censo de Población y Vivienda, establecido en la Constitución boliviana para realizarse cada 10 años, inicialmente estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022, pero fue postergado por razones técnicas para el 2024, en una reunión del presidente Luis Arce, de izquierda, con autoridades regionales.

Hoy se cumplen 35 días del inicio del paro de actividades en Santa Cruz, bastión opositor al Gobierno del presidente Luis Arce, para exigir una redistribución de recursos y escaños parlamentarios que dependen del censo.

El expresidente, Evo Morales, volvió a denunciar los planes golpistas de la movilización, pidió no lucrar políticamente de la crisis y levantar ya el paro.

"Ahora que está públicamente demostrado el acuerdo entre el golpista confeso Luis Fernando Camacho y el Gobierno para la fecha del censo en 2024, exigimos que dejen de usar al pueblo y a la Asamblea Legislativa como último lugar para sacar tajada política. ¡Que se levante el paro!", escribió el mandatario en Twitter.

La semana pasada, el Gobierno de Arce anunció que tomaría acciones penales contra los responsables de las protestas, tras anunciar un balance de cuatro fallecidos y 178 heridos en 20 días como consecuencia del paro y las manifestaciones.

Ayer, una Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó la violencia de las protestas en Santa Cruz, y pidió que se investigue cualquier violación de derechos.

Además de rechazar categóricamente los hechos violentos registrados en las últimas semanas en el país, Oacnudh destacó la importancia del derecho a reunión y protesta pacífica como vía "para ejercer otros derechos como el de participación en los asuntos públicos o la libertad de expresión".

El empadronamiento masivo será el 23 de marzo de 2023, lo que ya fue aceptado incluso por los líderes de la protesta en Santa Cruz, pero que aún exigen una ley que garantice la aplicación de los resultados en las elecciones nacionales de 2025.

Los departamentos occidentales como Oruro y Potosí, que pierden población año tras año, temen perder escaños en el Parlamento boliviano, en favor de Santa Cruz, donde habitan cerca de 3,5 millones de personas, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según palabras del diputado Mendoza, incluso legisladores opositores dudan en aprobar el proyecto de ley del censo porque sus regiones les exigirán rendir cuentas si llegan a perder escaños. (Télam)