Cuestionan en la Justicia el decreto que militariza ocho regiones en Colombia

El senador por el Polo Democrático de Colombia Iván Cepeda presentó hoy una tutela ante el Consejo de Estado contra el presidente Iván Duque, al considerar "abiertamente inconstitucional" el decreto que dispone la llamada “asistencia militar” en varias regiones por las protestas antigubernamentales, una medida que, según el legislador, atribuye funciones al Ejército que “exceden sus competencias".
La figura de la tutela está en el artículo 86 de la Constitución de Colombia, como mecanismo para garantizar que se respeten los derechos de la ciudadanía y busca que el tutelado, en este caso Duque, “se abstenga de actuar”.
El Consejo de Estado es el tribunal supremo en el ámbito contencioso administrativo y le toca actuar ante las acciones de nulidad por inconstitucionalidad contra los decretos dictados por el Gobierno nacional.
Cepeda advirtió que el decreto 575 de Duque "en la práctica genera un estado de conmoción interior, en el que se suspende de manera permanente normas constitucionales, sustituye la potestad sancionadora del Estado y le atribuye a la Fuerza Pública funciones que exceden su competencia".
"Eso significa que en Colombia se crea la posibilidad de que las autoridades militares y la Policía administren con las autoridades civiles cuestiones de orden público, escenario proclive a que ocurran graves violaciones a los derechos humanos, como ha ocurrido hasta hoy", cuestionó el senador en un comunicado, citado por la agencia de noticias DPA.
Cepeda reseñó que con el decreto, del que pidió suspensión inmediata, Duque impide que el Congreso y el Tribunal Constitucional ejerzan sus funciones de control y hasta advirtió que fue emitido sin la firma de los ministros.
"Omitió establecer además un límite temporal en su aplicación y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición", lo que, según el legislador, "violenta derechos fundamentales", así como "la autonomía de los entes territoriales y el ejercicio legítimo de la protesta social", fracturando el sistema democrático y poniendo en riesgo el Estado de derecho.
El decreto fue publicado después de las movilizaciones del viernes pasado, una de las jornadas más violentas desde el comienzo de las protestas, el 28 de abril, y Duque anunció inicialmente “asistencia militar” para Cali, pero el texto conocido después extendió esa medida a ocho departamentos y 13 ciudades.
La virtual militarización de las calles y los abusos y la violencia policial fue ampliamente criticada y denunciada tanto dentro y fuera del país, donde organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian más de 60 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de heridos.
También la organización Dejusticia y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez se pronunciaron de manera crítica sobre el decreto.
Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales que promueve los derechos humanos, alertó que el Gobierno “deja de lado las vías democráticas para hacer frente a los bloqueos y adopta como única estrategia el uso de la fuerza” y evaluó que “la protesta y los bloqueos deben gestionarse de manera democrática, privilegiando el diálogo y la negociación”.
Además el ex magistrado Velázquez reveló en su cuenta de la red Twitter que presentó “una demanda de acción pública” –en los hechos, un pedido de inconstitucionalidad-, porque el decreto dispone “veladamente un estado de conmoción interior que solo puede decretar el presidente de la República con la firma de todos sus ministros” y, además, “faculta a las fuerzas militares para cogobernar con alcaldes y gobernadores”.
Según Velázquez, Duque busca de esa manera “eludir su responsabilidad política, omitir dar informes al Congreso de la República y escapar al control constitucional automático de la Corte Constitucional”.
(Télam)