La defensa y familiares del malabarista Francisco Martínez, asesinado por un carabinero de Chile el pasado viernes 5 de febrero, criticaron la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia de cambiar la medida cautelar al policía, de arresto domiciliario a presentación quincenal con firma y arraigo nacional (imposibilidad de salir del país) mientras prosigue la investigación penal.

"Nosotros desde luego creemos que no es legítima defensa toda vez que no se reúnen todos los requisitos", dijo a CNN Chile el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román.

La defensa de la familia de Martínez solicitaba prisión preventiva para el agente durante los próximos cuatro meses en los que se llevará a cabo la investigación penal.

Sin embargo, este miércoles la Corte de Apelaciones de Valdivia determinó que el carabinero actuó en legítima defensa y resolvió levantar el arresto domiciliario.

"Se hace lugar al pedido de la defensa, en el sentido de aminorar la medida cautelar y en su lugar se sustituye por el arresto domiciliario decretado por firma quincenal en dependencias de Fiscalía local, en el lugar donde se encuentre desempeñando sus servicios y arraigo nacional", expone la resolución.

El pasado viernes aproximadamente a las 15, el sargento segundo Juan González Iturriaga disparó al malabarista Francisco Martínez en tres ocasiones, cuando este opuso resistencia a un control de identidad en el centro de Panguipulli.

Luego Martínez se abalanzó sobre el agente, quien reaccionó disparando tres veces más hasta que el joven cayó abatido en plena calle.

El abogado Román insistió en que los tres primeros disparos fueron injustificados, por lo que "en ningún caso el policía actuó dentro del marco de la ley".

"No puede ser que un control de identidad se haga pistola en mano. Es todo un tecnicismo que se le quiere añadir a esto para justificar la conducta del policía, que sin lugar a dudas, en un estado democrático de derecho carece justificación absoluta", dijo el abogado.

Por su parte, la madre de Martínez exigió justicia, alegando que fue "asesinato", y manifestó su indignación ante la resolución.

"No esperábamos que lo dejaran en libertad con firma cada quince días… (…) no mataste a un perrito, mataste a una persona, en la calle, sin ni siquiera prestarle primeros auxilios, sin ni siquiera ayudarlo. Es terrible la injusticia que se está cometiendo", dijo la mujer.

"Él no era solamente un carabinero, tenía un rango más alto, entonces si él puede hacer eso a plena luz del día, matar a una persona, imagínese qué puede hacer", agregó.

Ayer, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, Branislav Marelic, manifestó su descontento ante la resolución, pero aclaró que aunque la justicia considere de forma preliminar que hubo legítima defensa "no significa que el juicio esté concluido" y "aún falta la investigación", al tiempo que anunció que desde su despacho seguirán participando en la investigación penal del caso.

"Estamos evaluando los pasos a seguir ante la decisión de la Corte de Apelaciones, pero por lo pronto, esto no altera nuestro compromiso en participar activamente en la investigación penal en curso, solicitando y aportando a las diligencias, además de evaluar constantemente la posibilidad de pedir revisión de las medidas cautelares", dijo Marelic a La Tercera.

El lunes se determinó que la investigación correspondiente al caso se llevará a cabo durante cuatro meses. (Télam)