(Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima) El paréntesis que se abrió el lunes pasado en Perú, cuando la sesión en la que el Congreso decidía si le da el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial se suspendió por 10 días, sumó más elementos al conflictivo escenario político, lo que incluye una pretendida reforma fiscal y la reaparición de la controversia en torno al gas.

Transcurridos la mitad de los días de suspensión, hoy, como al comienzo, no hay seguridad de si el Congreso le dará luz verde a la primera ministra, Mirtha Vásquez, o si habrá un rechazo que gatillaría el punto de mayor choque entre un Legislativo controlado por fuerzas de derecha y el Gobierno de izquierda del presidente Pedro Castillo.

"¿Qué necesita el país? Claridad de rumbo y estabilidad ¿Qué hace el Congreso? Posterga por 10 días (no dos, o tres) la votación. ¿Qué harán en esos 10 días? ¿Llevar la fiesta en paz? ¿O buscarán atacar y chantajear?", dijo la exparlamentaria socialista Marisa Glave, una las tantas que reaccionaron con suspicacia.

La sesión transcurría en medio de la tensión que caracteriza al contacto entre ambos poderes -aunque esta vez con el añadido de que una parte del partido oficialista Perú Libre (PL) también rechaza al gabinete-, pero todo quedó en suspenso por el fallecimiento del legislador de izquierda Fernando Herrera Mamani, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando seguía el debate virtualmente.

La directiva del Congreso anunció que la sesión se reanudaría tras unas horas, pero luego optó por los 10 días para, según dijo, seguir la agenda: rendir honores póstumos, cumplir con un plenario programado para la ciudad de Cajamarca y acatar el feriado del 1 de noviembre.

Hasta ese momento, todo transcurría según lo previsto: una exposición de Vásquez sobre 10 ejes de acción, ataques para el gabinete desde la derecha y el bando fundacional de PL, discursos críticos pero más conciliadores de la centroderecha y el centro y apoyo de la otra parte del oficialismo y de su aliado de izquierda Juntos por Perú.

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Castillo agregó combustible ese mismo día, cuando en una visita a la selva retomó sorpresivamente la propuesta de "nacionalizar" los yacimientos gasíferos de Camisea, vitales para el país, lo que le generó duros ataques.

El presidente dijo después que no hablaba de estatizar sino de poner al gas al servicio nacional, pero igual reinstaló un debate que estaba casi superado, pues todos los sectores apoyan con matices renegociar el contrato con el consorcio que explota Camisea, del que forman parte las argentinas Pluspetrol y Tecpetrol.

También durante la semana, el Gobierno anunció que pedirá facultades extraordinarias para legislar en materia tributaria, pero de inmediato buena parte de la oposición anticipó su negativa.

La reforma, según el ministro de Economía, Pedro Francke, apunta a elevar el ingreso fiscal en 1,5% por ciento del Producto Bruto Interno, en un país en que más del 70% de la economía es informal. Entre otras medidas, se aumentarían gravámenes para quienes ganen al año más del equivalente a unos 76.000 dólares.

Otro elemento, distinto, también generó impacto durante el paréntesis: el fiscal que sigue el caso contra dirigentes de PL por supuesto lavado de activos, Richard Rojas, dijo que hay indicios contra la vicepresidenta, Dina Boluarte, lo que fue presentado por algunos expertos como otro paso en una supuesta intención de derribar a Castillo.

"El Congreso tiene un solo punto en la agenda: la vacancia presidencial. Y la investigación a Boluarte allana el camino", dijo a medios locales el exfiscal supremo Avelino Guillén, quien acusó a Rojas de "subjetivismo y sesgo".

Si la vicepresidenta no pudiera asumir la jefatura de Estado tras una hipotética caída de Castillo, ésta pasaría a quien fuera presidente del Parlamento.

La titular del Congreso, Maricarmen Alva, asegura que esos planes, de los que se habla con insistencia, no existen, y pidió en cambio terminar con supuestas presiones de sectores oficialistas para que el Ejecutivo cierre al Legislativo.

Durante las sesiones descentralizadas en Cajamarca, capital del homónimo departamento andino en que nacieron Castillo y Vásquez, en las calles hubo manifestaciones de rechazo al Congreso.

Según la última encuesta de la firma Datum, el Legislativo tiene 21% de apoyo nacional y 71% de rechazo, cifras que podrían relativizar a las de Castillo: 48 y 50%, en ese mismo orden.

En ese contexto, el Tribunal Constitucional (TC) recibió esta semana la demanda del Gobierno contra la ley del Congreso que lo limita para pedir cuestiones de confianza, con lo que empezó un proceso que según entendidos podría terminar a inicios de enero.

Si el TC le da la razón al Congreso, como creen expertos por la correlación de fuerzas entre los magistrados a pesar de la posición contraria de muchos constitucionalistas, el Gobierno no tendrá ya la herramienta que le permite cerrar al Legislativo si le niega dos cuestiones de confianza, mientras que éste sí mantendría la censura, que puede conducir hasta la destitución del presidente.

Todos los nuevos ingredientes agregan más drama en torno a la presentación del Gabinete.

Hasta ahora, salvo por la parte de PL que se opone a Vásquez, ninguna bancada ha dicho enfáticamente que votará en contra, pero casi todas exigen la salida de los ministros de Interior, Luis Barranzuela, y Educación, Carlos Gallardo, sin ser hasta ahora atendidas.

Barranzuela es resistido porque fue abogado de los dirigentes de PL en los casos de supuesta corrupción y porque es allegado a productores de coca, mientras que Gallardo es cuestionado por un supuesto extremismo de izquierda mostrado en carrera como dirigente magisterial.

Para fuentes bajo reserva consultadas por Télam no está claro si hubo coordinaciones entre congresistas y el Gobierno, pero al parecer es poco probable.

Castillo y Vásquez ocuparon gran parte de su agenda en viajes internos y hoy están en Bolivia para una reunión bilateral de gabinetes, sexta en la historia de los dos países pero primera con los actuales presidentes. (Télam)