La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Nicaragua la adopción de "medidas urgentes" para la liberación de opositores al gobierno de Daniel Ortega detenidos en cárceles del país.

El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez, requirió ayer la "liberación inmediata" de 11 detenidos, así como otorgar "medidas urgentes, para proteger y garantizar su derecho a la vida, salud, acceso a alimentación adecuada e integridad personal", informó la agencia de noticias AFP.

Las medidas exigidas favorecen a 11 de 46 detenidos en ocho centros.

Entre los apuntados figuran la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y precandidata presidencial en las elecciones de 2021 Cristiana Chamorro; el también precandidato Félix Maradiaga y el integrante de la opositora Alianza Cívica Nicaragüense Juan Sebastián Chamorro; así como la excomandante guerrillera sandinista y líder del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Dora María Tellez, y el exmiembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y excanciller Víctor Hugo Tinoco, entre otros.

Entre los detenidos están la jefa del partido Unamos Suyen Barahona; el diplomático y docente Arturo Cruz y la exdirectora del opositor Movimiento por Nicaragua Violeta Granera, precandidato presidencial por la Alianza Azul y Blanca (UNAB).

También están arrestados el expresidente del Consejo Superior de Empresas Privadas de Nicaragua José Adan Aguerri; el periodista Miguel Mora; el exdirigente del Movimiento Renovador Sandinista nicaragüense y actual miembro del partido Unamos Hugo Torres y la activista feminista Tamara Dávila.

El 29 de noviembre, la Corte IDH ya había declarado en "desacato permanente" al gobierno de Ortega por la "efectiva inobservancia" de lo ordenado por ese tribunal en seis resoluciones emitidas desde junio de 2021 a favor de los detenidos.

El tribunal interamericano destacó que "la situación de riesgo valorado (de los detenidos) ha continuado incrementándose", así como "las condiciones insalubres y riesgosas de detención, las agresiones, intimidaciones y amenazas en contra de las personas en detención y sus familiares".

El gobierno de Ortega rechazó en noviembre pasado autorizar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ver a los presos, varios de ellos -38, según el Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más- con enfermedades agravadas por la cárcel.

La mayoría de los detenidos fueron condenados por “terrorismo”, “conspiración” y “traición a la patria”, en base a la llamada Ley de Defensa de la Soberanía, de apenas dos artículos y sancionada en 2020.

"La negativa deliberada del Estado de brindar información oficial sobre la situación actual de las personas identificadas se han mantenido y empeorado con el paso del tiempo", indicó la resolución de la Corte Interamericana.

Más de 200 personas están detenidas en el contexto de la crisis política desatada por manifestaciones contra una reforma de la seguridad social en 2018, que fueron reprimidas.

La represión dejó más de 355 muertos y miles de exiliados, según la CIDH.

Acusado por sus adversarios de autoritario y corrupto, Ortega, de 77 años y presidente desde 2007, considera que el movimiento en su contra fue un intento de golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos. (Télam)