El Tribunal Supremo español confirmó la condena a 133 años de cárcel contra un coronel retirado salvadoreño por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989 durante la guerra civil en El Salvador, informó hoy la corte.

El Supremo "confirma que fueron asesinatos de carácter terrorista", tal como estableció, en septiembre pasado, el tribunal de Madrid que sentenció en primera instancia a Inocente Montano.

De todas maneras, el militar retirado de 78 años y de frágil salud solo podría estar recluso un máximo de 30 años, como establece la ley española, recordó el Tribunal Supremo en un comunicado de prensa.

Extraditado de Estados Unidos a España en 2017, Montano fue condenado por la masacre en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) el 16 de noviembre de 1989.

Ese día, efectivos del ahora proscrito batallón militar Atlacatl asesinaron a Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, otros cuatro jesuitas españoles y tres personas más: un religioso salvadoreño, una empleada y su hija.

Las ejecuciones fueron ordenadas por Montano, entonces viceministro de Seguridad Pública, y otros integrantes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, según determinó la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.

Los hechos suponen "un auténtico 'relato de terror' y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado", sostuvo en su fallo el Supremo.

La corte rechazó con contundencia el recurso de la defensa de Montano que pedía revisar la sentencia, al determinar que no es posible "justificar la agresión mortal a la vida de ocho personas", informó la agencia de noticias AFP.

La masacre "fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado contra la vida de las víctimas, pues pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de diez años de guerra interna", agregó el Supremo en su fallo.

Montano es el único autor intelectual de la masacre que fue condenado por los hechos.

En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen y recobraron la libertad gracias a una ley de amnistía de 1993. (Télam)