Un proyecto de ley impulsado por senadores opositores chilenos que busca otorgar un indulto a manifestantes detenidos durante el estallido social de octubre de 2019 ha generado polémica a partir de que avanza su tratamiento parlamentario a pesar del rechazo del Gobierno de Sebastián Piñera y el cuestionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

La iniciativa fue aprobada esta semana en la Comisión de Seguridad Pública del Senado aún cuando la Corte Suprema envió un informe a la Cámara alta con sus dudas y luego de conocerse el rechazo del Gobierno en voz del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

En el informe, la Corte Suprema indica que la iniciativa "hace depender de un acto de la parte interesada el destino de una medida cautelar, reduciendo el rol del juez a la de un certificador".

Para Galli, "éste es un proyecto que lo que busca es la impunidad de aquellas personas que están siendo imputadas, formalizadas o condenadas por delitos cometidos entre octubre y diciembre del año 2019”.

El funcionario, en entrevista con Radio Duna, apoyó el informe de la Corte Suprema que cuestiona la medida y dijo que "la señal que damos es muy equívoca” en cuanto al tratamiento en temas de seguridad pública.

Uno de los senadores que aprobó el proyecto de ley fue el democratacristiano Francisco Huenchumilla, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, quien afirmó que el encarcelamiento de estas personas se dio en “un proceso político y, por lo tanto, son presos políticos producto del estallido social y político que hubo en octubre".

"Esta situación política tiene su origen en este estallido social que surgió de abajo, de la gente modesta y humilide de este país", cerró el senador opositor.

El caso ha crecido en repercusión y hasta el Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, lo calificó en una entrevista de un “grave error” este proyecto de ley.

“Este proyecto de ley me parece un grave error”, señaló Vivanco en conversación con el diario El Mercurio, y señaló además que "no creo que sea necesario ni conveniente otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes, muchos de ellos muy graves, durante las protestas".

Igualmente, pidió evaluar todos los casos de los detenidos, llamados según sectores de la oposición “presos políticos”, y también iniciar “una discusión seria sobre las normas que existen en la legislación chilena, por ejemplo sobre prisión preventiva, que se prestan a abusos”.

Sin embargo, el director de HRW también afirmó que “durante el estallido social Carabineros cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos que exigen una reforma profunda de esta institución, así como procesos judiciales serios que lleven a los autores de estos abusos ante la justicia".

Esta reacción se produce luego que la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó el pasado 26 de mayo continuar el trámite, donde se califica al indulto general como una medida que se otorga por razones humanitarias.

En esta comisión se impuso la mayoría opositora, con votos de senadores de distintos partidos políticos y ahora la iniciativa pasa a la Comisión de Constitución y de aprobarse, se votaría en Sala.

Desde el 18 de octubre de 2019 hasta los primeros meses del 2020, Chile vivió un estallido social con miles de manifestantes en las calles de Santiago y regiones, donde los chilenos reclamaban mayores reivindicaciones políticas, sociales y económicas.

Las fuertes protestas, reprimidas por Carabineros según relatan las víctimas, organismos nacionales e internacionales, pusieron en jaque a la administración de Sebastián Piñera. (Télam)