Cuatro mineros fueron condenados en Bolivia a cinco años de cárcel por los delitos de encubrimiento y organización criminal, en relación a la muerte de un viceministro en medio de protestas del sector ocurridas en agosto de 2016.
El Tribunal Tercero de El Alto -cercana a La Paz- sentenció a esa pena a cuatro ex dirigentes de cooperativas mineras, en una audiencia de juicio abreviado.
Los condenados eran dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), cuando se produjo la muerte del entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, según la Fiscalía.
El fiscal del caso, Rudy Terrazas, detalló que los cuatro condenados "reconocieron la comisión del delito de encubrimiento y organización criminal, aceptando su responsabilidad y participación en los hechos producidos ese fatídico día, durante un bloqueo minero".
Los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2016 en la localidad de Panduro, en la carretera que une La Paz y Oruro, reportaron la estatal agencia ABI y EFE.
"Ante los argumentos de la Fiscalía, las tres jueces técnicas, por voto unánime, dictaron sentencia condenatoria, que no fue apelada por ninguna de las partes; tampoco se presentó una oposición fundada, por lo que se declaró ejecutoriada la sentencia más el pago económico de daños y perjuicios", destacó la Fiscalía.
Illanes falleció "mientras se encontraba en manos de un grupo de mineros cooperativistas que protestaban por la aprobación de una nueva ley", cuando se había trasladado a Panduro, a 186 kilómetros de La Paz, "para tratar de dialogar con los mineros para que depongan sus medidas de presión", relató en la nota.
El conflicto también dejó cuatro mineros fallecidos por heridas de bala en intervenciones policiales para desbloquear carreteras y un quinto por mala manipulación de explosivos.
El Ministerio Público imputó a catorce personas, 13 de ellas mineros y un comandante de la Policía Boliviana, sin presentar acusaciones por las muertes de cooperativistas.
La conducción policial fue acusada de no haber ordenado el repliegue de la Policía, que terminó involucrada en enfrentamientos en los que murió un minero, lo que, según investigaciones realizadas en su momento, provocó una reacción de los manifestantes que derivó la muerte del viceministro.
La pena ordena que los cinco años de reclusión sean en la cárcel de Patacamaya, aunque el fiscal Terrazas dejó en manos del Tribunal la decisión de si los mineros deberán estar encarcelados todo el periodo o se contabilizará en la sentencia el tiempo que estuvieron recluidos preventivamente.
Todavía hay otras nueve personas recluidas preventivamente, tres de ellas sindicadas de ser autoras materiales del asesinato, aunque ninguna solicitó juicio abreviado. Y existen otras dos declaradas rebeldes. (Télam)