El Líbano conmemorará mañana el primer aniversario de una devastadora explosión en el puerto de Beirut que dejó más de 200 muertos y miles de heridos, en medio de acusaciones contra el Gobierno de obstruir la investigación de una tragedia que se sumó a una crisis económica histórica y al embate de la pandemia de coronavirus.

Pese a que las autoridades reconocieron que la catástrofe del 4 de agosto de 2020 fue provocada por la deflagración de cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas en un depósito abandonado del puerto sin las debidas medidas de precaución, ningún responsable ha sido llevado hasta ahora ante la Justicia.

El estallido dejó 214 muertos, más de 6.500 heridos y barrios enteros arrasados, y días después provocó la renuncia del Gobierno del primer ministro Hassan Diab, quien, junto al presidente Michel Aoun, habían sido alertados por los servicios de inteligencia de los peligros que implicaba la presencia del nitrato de amonio en el puerto.

Unas 300.000 casas quedaron destruidas o dañadas por la que fue una de las explosiones no nucleares más potentes de la historia.

La máxima funcionaria de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, volvió a reclamar hoy al Gobierno del Líbano una investigación "transparente e imparcial" y un castigo para los responsables, luego de que Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) acusaran por separado a las autoridades de obstruir la pesquisa oficial.

Tras rechazar una investigación internacional, las autoridades apartaron de sus funciones al primer juez del caso, Fadi Sawan, luego de que inculpara a Diab, quien ha permanecido en el poder, con fueros, como premier en funciones.

Su sustituto, Tarek Bitar, se enfrenta también a obstáculos, sobre todo la negativa del Parlamento de levantar la inmunidad de algunos de sus miembros, sospechosos de implicaciones en la explosión.

Un año después del estallido, "las víctimas y sus prójimos siguen luchando por la justicia y la verdad, las investigaciones están estancadas en medio de una preocupante falta de transparencia y responsabilidad", dijo Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un comunicado desde Ginebra, Suiza.

Gran parte de esa búsqueda de justicia ha sido asumido por una asociación de más de 100 familias con víctimas por la explosión que comenzó pidiendo cooperación al Gobierno y haciendo vigilias todos los 4 de mes pero cambió de táctica cuando empezó a ver que la investigación solo sumaba palos en la rueda.

Desde entonces, lleva adelante una campaña de protestas para presionar a políticos y funcionarios a permitir que la verdad salga a la luz. El mes pasado, cientos de sus miembros protestaron frente a la casa del ministro del Interior en funciones con ataúdes vacíos.

La asociación fue creada por Ibrahim Hoteit, quien perdió en la explosión a su hermano menor, el bombero Thawart Hoteit, de 46 años. El grupo ha colgado grandes retratos en blanco y negro del rostro de cada muerto en el estallido de un muro de una plaza del céntrica cercana al puerto.

"Teníamos fe en que jueces libaneses con integridad pudieran llevar a cabo una investigación", dijo hoy Ibrahim a la cadena de noticias Al Jazeera, de Qatar.

"El juez Bitar ha probado que tiene integridad, pero el problema es que no tenemos políticos honorables", agregó.

Hoteit y otras familias han dicho que van no solo contra el Gobierno sino contra todo el sistema política que ha gobernado al Líbano desde el fin de la guerra civil, en 1990, al que ven como un sistema corporativista que protege sus privilegios mientras el pueblo sufre la peor crisis económica a nivel mundial en 150 años y ellos, el trauma de la explosión.

Diab sigue inculpado de negligencia que llevó a la muerte, acusación que ha calificado de "diabólica", 18 personas se encuentran detenidas en el marco de la causa, entre ellas el director de Aduanas y el director del puerto, pero la mayoría son funcionarios de baja jerarquía.

El juez Bitar reclamó al Parlamento el levantamiento de la inmunidad de tres diputados y exministros de Finanzas, Obras Públicas y Transporte e Interior para procesarlos.

También quiere inculpar a responsables de inteligencia.

La asociación de Hoteit tiene previsto marchar mañana para exigir que se levante la inmunidad parlamentaria de los diputados sospechados y que se haga justicia.

El nitrato de amonio estuvo seis años almacenado en un depósito mal mantenido del puerto de Beirut luego de haber sido confiscado en 2014 a un barco que había hecho escala en la capital de Líbano en 2013.

En un informe sumamente crítico, la ONG HRW acusó hoy a las autoridades de Líbano de negligencia criminal, de violación del derecho a la vida y de bloquear la investigación local sobre la devastadora explosión.

"Correspondencia oficial refleja que el Ministerio de Finanzas, de Obras Públicas y Transporte no investigaron de manera adecuada la naturaleza del combustible del cargamento del barco y su peligrosidad", dijo en conferencia de prensa en Beirut la directora de Crisis y Conflictos de AI, Lama Fakih.

"No sólo funcionarios portuarios, sino también aduaneros y militares ignoraron medidas que podrían haberse tomado para destruir o remover el nitrato de amonio", agregó, al presentar el informe de 126 páginas.

El texto incluye una recomendación de imponer sanciones contra el conjunto de los individuos y entidades "implicados en esas violaciones continuas de los derechos humanos (...) y los esfuerzos para sabotear" la investigación local.

Amnistía Internacional dijo que "las autoridades libanesas se pasaron el último año obstaculizando de forma vergonzosa la investigación por la verdad y la justicia de la víctimas". (Télam)