El gobierno de Joe Biden mantuvo la semántica inaugurada por la administración de Donald Trump y se abstuvo de calificar a Cisjordania como un "territorio ocupado" en el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo elaborado por la diplomacia estadounidense.

El informe del Departamento de Estado comenzó en 2018 a referirse a Israel, Cisjordania y Gaza, abandonando la tradición de usar la fórmula "Israel y los territorios ocupados", un cambio semántico que fue interpretado como un rechazo al consenso internacional de que Israel es una fuerza de ocupación.

En el primer informe del gobierno demócrata de Biden, que cubre eventos sucedidos en 2020, el Departamento de Estado no revirtió esta forma de referirse a la región.

"El lenguaje en este informe no está orientado a asentar una posición ni un estatus definitivo para ser negociado con las partes en conflicto, incluyendo los límites específicos de la soberanía israelí en Jerusalén o las fronteras entre Israel y un eventual futuro estado palestino", indicó Lisa Peterson, la subsecretaria interina para los Derechos Humanos.

La funcionaria indicó que los autores del informe siguen creyendo que es mejor asignar nombres geográficos a los lugares, consignó la agencia AFP.

"Eso está en sintonía con nuestras prácticas generales. También creemos que es más claro y más útil para los lectores que buscan información sobre los derechos humanos en estas áreas específicas", indicó a los reporteros.

Trump dio un giro en la política exterior al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y después apoyó la anexión de los Altos del Golán de Siria.

El exjefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que no compartía el consenso internacional de que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales.

El sucesor actual secretario de Estado, Antony Blinken, indicó que Estados Unidos va a mantener su embajada en Jerusalén, pero también llamó a que se realicen mayores esfuerzos para apoyar a los palestinos, incluyendo la entrega de ayuda humanitaria.

En el informe, el Departamento de Estado denunció una agudización de la crisis humanitaria en Venezuela debido a la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, la aprobación de leyes cada vez más "represivas" en Nicaragua y las continuas "restricciones" para la libertad de expresión en Cuba. (Télam)