En 36 días de crisis en Colombia las autoridades del Estado habrían incurrido en "desaparición forzada de persona, delitos contra la vida (homicidios, lesiones), delitos contra la integridad moral (torturas) y delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)", entre otros, de acuerdo con el balance preliminar difundido hoy por la delegación argentina de defensa de los derechos humanos que visitó el país.

El listado forma parte del documento leído esta mañana por la delegación argentina en Bogotá y difundido en redes sociales, a manera de balance preliminar de toda la información recolectada en más de 15 ciudades durante una semana por sus integrantes, representantes de organizaciones sociales y políticas argentinas.

El reporte concluye en que "el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano".

"La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta", añade el informe.

Asimismo, afirma que "el Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa, prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos".

Las conclusiones del trabajo, de carácter preliminar –ya que el informe definitivo se presentará en Buenos Aires- denuncia que el Estado colombiano "debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo".

En ese punto, identifica a ese sector como "jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil".

"Deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho", propone el texto, y concluye: "El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia".

Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Entre otras y otros, participan de la comisión Leonardo Pérez Esquivel (ATE), Sergio Maldonado, Alejandro Rusconi (AAJ), Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL), Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie), Pablo Pimentel (APDH), Gonzalo Armúa (Patria Grande), Martín Ferrari (Frente Darío Santillán), Ismael Jalil (Correpi) y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).

Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos), José María Cano (CTA Autónoma), Pablo Bres (Serpaj), María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros. (Télam)