A seis meses del estallido social en Colombia, la situación socioeconómica apenas mejoró en el país, mientras que aumentó la persecución y judicialización de los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales, quienes comenzaron a organizarse en plataformas para tener un mayor peso político de cara a las elecciones de 2022.

"Para mí, no ha terminado la crisis, es una tensa calma. Las protestas sociales se están judicializando, pero la gente sigue muy furiosa. Abrieron la economía, pero estamos golpe tras golpe en términos de supervivencia", dijo a Télam Checho, activista en la asociación Cumbre Urbana de Bogotá.

Si bien las protestas lograron tumbar la reforma tributaria que buscaba el Gobierno, la mejora socioeconómica fue escasa durante estos meses, con un desempleo de 12,1% en septiembre -casi el doble en los jóvenes (20,5%)- y una informalidad de casi 50% en las principales ciudades, según datos oficiales.

Ante el reclamo social, varias alcaldías comenzaron a ofrecer programas de alimentación y empleo, pero el activista los calificó de "paliativos" porque la oferta es insuficiente, mientras que el país vive una "agonía de las condiciones sociales".

En cambio, se disparó la judicialización de los manifestantes, tras la detención arbitraria de más de 4.000 personas en el marco de las movilizaciones, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La semana pasada la justicia dictó prisión preventiva para diez jóvenes de entre 20 y 30 años que participaron en la primera línea de las protestas, a quienes acusa de "vandalismo, terrorismo y ataques contra la fuerza pública", por lo que podrían recibir penas de entre 8 y 22 años de cárcel.

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"Están en el cuento de judicializar a todos los que protestaron y eso hace que la protesta social baje un poco", explicó Checho, quien no se identifica por temor a represalias.

Más alarmante es la persecución y desaparición de manifestantes por "fuerzas oscuras del Estado" vinculadas al narcotráfico, denunció a Télam Juan Humberto Ruiz, activista social y participante de las protestas en Cali, epicentro de las movilizaciones.

"Han venido haciendo rastreo de ciertos líderes de estos jóvenes y en varias ocasiones los han detenido, alguno los han desaparecido y contra otros han atentado directamente", explicó Ruiz, quien presenció el accionar de uno de estos grupos frente a su casa durante las protestas.

Esta situación ha llevado a muchos de ellos a adoptar medidas de protección, como cambio de identidad o no tener un domicilio fijo, precisó.

Mientras se incrementa la judicialización de los manifestantes, los activistas lamentaron la falta de justicia para las víctimas de la represión estatal durante las movilizaciones.

Según cifras del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estados, 87 civiles fueron asesinados -al menos 20 por policías- y 1.905 heridos en las manifestaciones, mientras que 833 mujeres fueron víctimas de violencia policial y 106 personas de violencia de género.

Sin embargo, aún no se iniciaron juicios contra los efectivos implicados ni tampoco se modificaron los protocolos de intervención de las fuerzas de seguridad en las protestas.

"Hubo cosas absurdas como pretender cambiar el color del uniforme y emblemas para crear una imagen diferente, pero la huella que dejaron es imborrable", dijo Ruiz.

En tanto, Checho lamentó que todas las instancias que podrían hacer algo -la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría- dependan del Gobierno.

No obstante, existe una presión internacional, ya que Estados Unidos anunció que los fondos de ayuda para 2022 no podrán ser usados para el Escuadrón Móvil Antidisturbios, principal ejecutor de la violencia contra manifestantes, a la vez que la cooperación no será desembolsada hasta que el Estado colombiano certifique que está investigando la represión policial.

Más allá de esta situación, los activistas consultados destacaron la visibilización que las protestas dieron a actores hasta entonces marginados de la sociedad colombiana, que comenzaron en consecuencia a organizarse en asociaciones y plataformas para tener una mayor incidencia política.

"Es un momento conflictivo en nuestro país porque tanto la fuerza del Estado y las élites como la del pueblo se están moviendo y pareciera que el momento de confrontación se viene, pero no en las calles, sino en las urnas", manifestó Checho.

Un fenómeno destacado también por el presidente de Indepaz, Camilo González, quien, sin embargo, advirtió que probablemente la dinámica social no se traduzca de forma automática en el escenario electoral porque no tiene aún la fuerza suficiente para cambiar la hegemonía dominante y las reglas están interferidas por las "maquinarias" y la "corrupción".

"Independientemente de cómo quede el resultado electoral, la perspectiva es más fuerza para los movimientos democratizantes y menos fuerza para la derecha", concluyó, en base a la tendencia electoral registrada en el país en la última década. (Télam)