Ocho altos mandos de la disuelta guerrilla FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo) fueron imputados hoy por crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas, en la primera decisión judicial emitida por el tribunal surgido del histórico acuerdo de paz en 2016 tras 50 años de conflicto armado, que generó reacciones en todo el arco político.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, actual jefe del Partido Comunes creado tras la firma de los acuerdos de paz, así como Pablo Catatumbo y Julián Gallo, que ocupan asientos en el Parlamento, son tres de los ocho imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado en 2015 como parte de estos acuerdos para investigar los delitos cometidos durante el conflicto armado.

La imputación en el marco del caso 001 “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” involucra a los antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP, el máximo órgano decisorio de la organización, incluye además a Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, y Rodrigo Granda Escobar. La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado, algunos son autores directos, precisó un despacho de la agencia AFP.

“La Sala de Reconocimiento de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) estableció la responsabilidad de los antiguos miembros del Secretariado de las FARC por las órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas”, indicó la JEP en un comunicado.

El tribunal, que demoró tres años en pronunciarse, escuchó las versiones de 257 excombatientes y las contrastó con las de más de 1.000 víctimas de secuestro e informes de la fiscalía, entre otros. Si bien esta decisión judicial solo incluye a la cúpula de las FARC-EP, en el transcurso del año serán emitidos otros autos en los que se determinará la responsabilidad de mandos medios y ejecutores directos, uno de los principales pedidos de las víctimas.

“Este es el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción, que es la antesala a la Resolución de Conclusiones y los juicios ante el Tribunal para la Paz. El antiguo secretariado de las FARC-EP tiene responsabilidad por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes”, dijo la magistrada Julieta Lemaitre, en una rueda de prensa que brindó junto al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.

La cúpula de las extintas FARC tendrán un periodo de 30 días para responder a la decisión y en caso de que haya reconocimiento de los hechos y verdad tendrán una pena alternativa que será determinada en acuerdo con las víctimas, pero si la justicia especial encuentra que los exrebeldes están ocultando hechos podrán ir a la cárcel.

"Si no hay reconocimiento, tienen derecho a un juicio y si son vencidos en el juicio tienen cárcel hasta 20 años", dijo ante la prensa la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

La magistrada remarcó que la JEP se encarga de determinar los delitos del caso, pero que el proceso penal e, incluso, el posible retiro de la vida política para los excombatientes, se debaten y deciden en el Tribunal de Paz que los juzgará.

Tras conocerse el fallo, el presidente colombiano, el conservador Iván Duque, quien en 2018 lideró una frustrada iniciativa que pretendía modificar los acuerdos para endurecer las sanciones a los exguerrilleros, se pronunció sobre la imputación y manifestó su discrepancia con que estas personas tengan representantes políticos.

El mandatario dijo que es necesario que la JEP actúe de acuerdo al derecho internacional, que establece que quienes cometen crímenes de lesa humanidad y lanzó indirectas sobre los miembros de la extinta guerrilla en el Congreso de la República.

“Que tengamos claro que no podemos tener en Colombia un doble rasero donde ciudadanos que cometan delitos no pueden nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”, se quejó.

Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos -que durante su mandato fue firmado el acuerdo de paz con las FARC-EP- dijo en Twitter que "la JEP da un paso trascendental para consolidar la paz en Colombia. Sienta también un precedente histórico para la justicia transicional y la resolución de conflictos armados en el mundo”,

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó: “Celebro la decisión de la JEP de acusar al Secretariado de las FARC por secuestros y otros aberrantes crímenes de guerra. Los miembros del Secretariado que no cooperen plenamente con la justicia deben cumplir largas penas de prisión. Las víctimas deben obtener justicia”

“La JEP llama a asumir responsabilidad por más de 8.000 secuestros a integrantes del antiguo secretariado de Farc. Por primera vez en el mundo un tribunal de justicia transicional, creado por un acuerdo de paz, toma una decisión de esta magnitud con la que se honra a las víctimas”, dijo Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.

El Partido de los Comunes, integrado por antiguos miembros de las FARC, respondió a la imputación de la JEP a través de Twitter."El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona y reiteramos nuestro compromiso de rendir cuentas ante la justicia", expresó.

Durante las cinco décadas de conflicto interno, las FARC recurrieron al secuestro para financiarse al cobrar altas sumas de dinero por liberal a los rehenes, intercambiar secuestrados por guerrilleros presos y mantener el control territorial.

Según datos de la JEP, entre 1990 y 2016 hubo 21.396 víctimas de secuestro en Colombia, la mayoría hombres (79%) y en una menor medida mujeres (21%) y niños (5%). (Télam)